Zahr Zuleiman
Las 12 cabinas de auxilio 9-1-1 instaladas en la capital tlaxcalteca han brindado 54 atenciones integrales desde que iniciaron operaciones en mayo de 2026, aseguró el director del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), Gerardo Bucio Rangel.
Durante los Diálogos Circulares, explicó que los módulos están interconectados con el C5i y son monitoreados por personal capacitado que interviene cuando una persona abre o intenta abrir la puerta, para determinar si requiere ayuda de emergencia.
“Son más de mil activaciones que hemos tenido, que son cuando abren la puerta o la pretenden abrir, pero no todas tienen un tratamiento integral. Desde mayo que comenzaron a operar gradualmente, tenemos 54 eventos integrales”, detalló.
Bucio Rangel precisó que cada cabina cuenta con un botón de inicio, cuatro cámaras y un sistema de videollamada con un operador para atender situaciones de crisis.
Además, tienen una puerta que puede cerrarse si el usuario lo requiere y un dispositivo exterior que permite conocer su trayectoria.
Indicó que los puntos de instalación se definieron con base en la densidad poblacional, la afluencia turística y el número de llamadas al 9-1-1, aunque no descartó ampliar el número de cabinas en el futuro.
Del total de atenciones integrales, 31 fueron de carácter informativo, 6 por situaciones médicas y 17 relacionadas con seguridad para mujeres.
Sobre el costo, estimado en alrededor de un millón de pesos por cabina, el funcionario defendió la inversión: “Si la inversión es rentable, yo creo que con lo que acabamos de ver, por los alcances que tiene este proyecto, sí es viable.
En temas de tecnología y seguridad, yo no lo vería como un precio por cabina, lo vería por el alcance que tiene por el equipamiento y telecomunicaciones”.Añadió que hasta ahora no se han registrado reportes falsos, aunque sí ingresos por curiosidad, lo que atribuyó al proceso de difusión y aprendizaje sobre el funcionamiento de los dispositivos.
Las cabinas fueron colocadas entre febrero y marzo de este año y, desde su anuncio, han sido cuestionadas por colectivos y grupos feministas que consideran que no se debe “encerrar” a las mujeres en situación de riesgo, además de los señalamientos por el costo del proyecto.
