SEPE emite nuevos lineamientos obligatorios para escuelas y define el cierre del ciclo escolar 2025-2026

Los nuevos instrumentos regulan la participación de madres y padres de familia, el uso de dispositivos móviles y la prevención del acoso laboral; además, la SEPE informó el calendario de actividades para concluir el ciclo escolar.

Redacción

El secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, presentó las acciones para el cierre del Ciclo Escolar 2025-2026 y anunció la entrada en vigor de tres nuevos lineamientos de aplicación obligatoria para las escuelas de educación básica, orientados a fortalecer la convivencia escolar, delimitar la participación de los padres y madres de familias, regular el uso de dispositivos móviles y prevenir el acoso laboral.

Durante el “Diálogo Circular”, el funcionario explicó que estas acciones buscan garantizar un cierre de ciclo ordenado, transparente y con enfoque pedagógico, privilegiando el derecho a la educación, el bienestar de niñas, niños y adolescentes, la organización institucional y la preparación del próximo ciclo escolar 2026-2027.

Meneses Hernández informó que los planteles permanecerán hasta el 15 de julio en actividades administrativas, de organización, limpieza y mantenimiento. Entre el 13 y el 15 de julio se realizarán las ceremonias de clausura, la entrega de boletas de evaluación y las asambleas de rendición de cuentas de los Comités Escolares, mientras que el personal docente participará los días 16 y 17 de julio en el taller intensivo.

Como parte de la estrategia de cierre, indicó que se desarrollarán acciones enfocadas en la descarga administrativa y escolar, el fortalecimiento del vínculo entre escuela y familia, la consulta sobre un uniforme escolar adicional, el foro de análisis La Nueva Escuela Mexicana a tres años, los criterios para el uso crítico y responsable de dispositivos móviles, acciones de equidad e inclusión y la estrategia “Calzado Escolar para el Bienestar”.

Destacó que el Gobierno del Estado destinó una inversión de 16 millones 592 mil pesos para beneficiar a 33 mil 184 estudiantes mediante la entrega de 615 apoyos económicos, distribuidos a través de los Comités Escolares de Administración Participativa. Además, una vertiente específica atiende a 2 mil 4 estudiantes de 71 centros educativos, entre ellos Centros de Atención Múltiple (CAM), preescolares, primarias, telesecundarias y un albergue.

Como parte de la estrategia para fortalecer la convivencia y brindar certeza a la comunidad educativa, la SEPE publicó tres instrumentos normativos de carácter obligatorio para todas las escuelas de educación básica del estado.

La Guía Operativa para la Participación de Padres, Madres y Tutores en las Escuelas de Educación Básica del Estado de Tlaxcala delimita con claridad los alcances de la participación de las familias, la cual será bienvenida en los procesos escolares, pero sin intervenir en decisiones de carácter pedagógico o laboral, como la definición de estrategias de enseñanza o la permanencia del personal docente frente a grupo. Asimismo, establece que el personal educativo no participará en la administración de recursos aportados por madres y padres de familia.

En tanto, los Lineamientos para el Uso Crítico, Responsable y Regulado de Celulares y Dispositivos Móviles y Pantallas Personales en Escuelas de Educación Básica, construidos a partir de los foros de consulta realizados en la entidad, establecen tres niveles de regulación —escolar, áulica y personal— y fijan criterios para el ingreso, resguardo, permanencia y uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas y otros dispositivos electrónicos en los planteles públicos y privados. Su objetivo es favorecer la atención y la participación en las actividades pedagógicas, además de fortalecer la convivencia escolar.

Finalmente, el secretario informó la publicación de la Guía Operativa para la Detección y Prevención del Acoso Laboral, que establece criterios para identificar, documentar, atender y canalizar posibles casos en las escuelas de educación básica.

El instrumento brinda orientación jurídica y operativa a directivos, docentes y personal educativo, además de diferenciar los conflictos propios de la dinámica laboral de las conductas reiteradas de hostigamiento, discriminación o intimidación que vulneran la dignidad de las personas trabajadoras y que deberán ser atendidas con imparcialidad, oportunidad y pleno respeto a sus derechos.

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