Gerardo Santillán
La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) pondrá en marcha una estrategia sin precedentes para rastrear y localizar a cerca de 2 mil 800 jóvenes que concluyeron la secundaria en el ciclo escolar 2025-2026, pero que actualmente no aparecen registrados en ningún plantel de educación media superior en la entidad.
El titular de la dependencia, Homero Meneses Hernández, advirtió que no existe un problema de falta de cupo en las preparatorias públicas de Tlaxcala, por lo que la intención de este despliegue es conocer las causas reales —ya sean familiares, económicas, de migración o incluso delictivas— que obligaron a los menores a interrumpir su trayecto escolar.
El cruce de datos: el primer paso
De acuerdo con las cifras oficiales, de los 22 mil 500 estudiantes que egresaron de la secundaria, 18 mil 471 se registraron en la plataforma federal Mi Derecho, Mi Lugar, y en números cerrados, unos 18 mil 500 ya tienen un espacio asegurado en el bachillerato público. Esto deja un déficit inicial de 4 mil alumnos.
Meneses Hernández detalló que un estimado de poco más de mil jóvenes se encuentra realizando sus trámites en escuelas particulares. Por ello, durante los primeros días de agosto, una vez que concluyan los periodos de inscripción de todo el sector educativo, la SEPE realizará un cruce masivo de datos mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilios para depurar las listas.
Coordinación interestatal y búsqueda domiciliaria
Dado que Tlaxcala colinda con estados de alta movilidad laboral y educativa, las autoridades sospechan que una parte de los mil jóvenes restantes pudo haber migrado o ingresado a escuelas de entidades vecinas.
”Estableceremos mecanismos de coordinación con instituciones como las preparatorias de la UNAM y los planteles del IPN para verificar si los alumnos se encuentran inscritos en esos sistemas educativos”, adelantó el secretario durante los Diálogos Circulares.
Sin embargo, el plan contempla una medida más estricta para el saldo de estudiantes que de plano no aparezcan en ningún sistema escolar, el cual calculan que sea de aproximadamente mil jóvenes.
Esas listas finales serán entregadas directamente a la Procuraduría de la Defensa del Menor. A través de las instancias municipales, las autoridades acudirán a los domicilios particulares de cada menor para dialogar con los padres o tutores y preguntar de primera mano qué ocurrió y por qué decidieron frenar su formación académica.
Identificación de riesgos sociales
La SEPE subrayó que este rastreo cara a cara busca ser una ventana para identificar problemáticas profundas que golpean a la juventud tlaxcalteca, tales como la inserción prematura al mercado laboral, desintegración familiar, fenómenos de migración forzada o situaciones vinculadas a hechos delictivos, con el fin de canalizar los casos a las dependencias correspondientes y ofrecer alternativas para que retomen las aulas.
