Redacción
Por unanimidad, el Pleno avaló el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahfl, quien propuso declarar fundada la controversia constitucional presentada por la municipio quejoso, el cual impugnó el Informe Individual de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, así como de los acuerdos impugnados que contienen los dictámenes aprobados con base en dicho informe, todos de 2024.
Los artículos 79 y 116, en los cuales se determina que corresponde a la ASF fiscalizar los recursos públicos federales ejercidos por cualquier ente, incluidos los municipios, mientras que las entidades de fiscalización de las legislaturas locales circunscriben su actuación a la revisión de recursos de naturaleza local.
El Congreso local no tenía facultades legales para fiscalizar ese dinero. La resolución deja en evidencia que la revisión aplicada carecía de sustento jurídico, lo que pone en duda la actuación del órgano fiscalizador estatal.
Este fallo podría tener efectos en otros casos similares donde se hayan auditado recursos federales sin la debida coordinación con la ASF.
La pregunta del momento es, ¿cuántas auditorías más están viciadas?
Con información de El Milenio
