Redacción
La senadora por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, fijó una postura crítica frente a los hechos registrados en Nanacamilpa, donde campesinos y transportistas se movilizaron para exigir atención a sus demandas. A través de sus redes sociales, la legisladora señaló que lo ocurrido no es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática nacional que ha sido ignorada por las autoridades.
Ávalos Zempoalteca subrayó que las exigencias del sector son legítimas y urgentes, al incluir temas como la inseguridad en carreteras, la extorsión, los altos costos de operación y la falta de condiciones dignas para la producción. En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas efectivas por parte de los distintos niveles de gobierno, lo que ha llevado a los afectados a manifestarse públicamente.
Con un tono enfático, la senadora rechazó cualquier intento de criminalizar a los campesinos, al advertir que son un pilar fundamental para la economía y la estabilidad social del país. “No son enemigos del Estado”, sostuvo, al tiempo que denunció el abandono institucional que, afirmó, ha profundizado el malestar en el sector rural.
Asimismo, criticó el uso de la fuerza y la confrontación como mecanismos de contención, al considerar que estas estrategias no solo son ineficaces, sino que agravan la desconfianza ciudadana. Desde su perspectiva, la respuesta gubernamental ha sido limitada y carente de sensibilidad frente a un problema estructural.
La legisladora priista hizo un llamado firme a las autoridades para establecer canales de diálogo reales y efectivos que permitan atender de fondo las demandas. Insistió en que la solución pasa por garantizar seguridad, erradicar prácticas como la extorsión y generar condiciones económicas justas para quienes sostienen la producción en el campo.
Finalmente, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca advirtió que tanto México como Tlaxcala requieren acuerdos construidos desde el entendimiento y no desde la imposición. De no atenderse con seriedad, alertó, conflictos como el de Nanacamilpa podrían replicarse en otras regiones del país, evidenciando una creciente fractura entre gobierno y sociedad.
