I. Carolina Campos
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) emitió la recomendación general 01/2022, en torno a las condiciones en que se encuentran los 60 centros de detención preventiva de los municipios del Estado, los cuales presentan deficiencias diversas y “áreas de oportunidad” en qué mejorar.
El documento “cuantitativo y cualitativo” con base a 36 indicadores presentado este miércoles en rueda de prensa por la ombudsperson, Jackqueline Ordóñez Brasdefer, evidenció la rotunda negativa a colaborar por parte de las autoridades policiacas de Huamantla y Muñoz de Domingo Arenas, con lo que ponen en riesgo la garantía y respeto de los derechos humanos de las personas detenidas por alguna falta administrativa y la comisión de un presunto delito.
Tampoco se pudieron revisar los separos de Xicohtzinco porque prevalece el conflicto social, mientras que los municipios de Apetatitlán, Xaloztoc y Tetlatlahuca no cuentan con centros de detención propios, por lo que se tienen que apoyar de municipios circunvecinos o de la policía estatal para alojar a sus detenidos.
En su exposición, explicó que la evaluación fue producto de visitas que hizo personal de la CEDHT a las cárceles municipales y de información proporcionada por el personal de seguridad pública, a través de indicadores basados en la Constitución federal y la Declaración Internacional de Derechos Humanos.
Así, 35 ayuntamientos cumplieron con las condiciones en un rango del 60 al 90 por ciento y 20 en no más del 50 por ciento y, en general, a los municipios se les recomendó contar con espacios para personas en situación de vulnerabilidad, separación entre hombres y mujeres, espacios para personas LGBTTTI y adecuados para personas con discapacidad, que haya alimentación adecuada y agua potable suficiente, fácil acceso a las áreas de atención y que los detenidos puedas tener comunicación al exterior o acceso a dispositivos para comunicarse.
Asimismo, deben promover, apoyar y fortalecer las acciones en materia de educación en derechos humanos para el personal de seguridad pública, prestar especial atención en materia de educación de justicia para adolescentes, que haya servicio médico permanente sin costo, que el juzgado municipal cuenta al menos con dos turnos, elaboren un manual de organización con perspectiva de género y no discriminación, entre otras recomendaciones.
Por otra parte, Ordóñez Brasdefer informó que entre 2020 y 2021 se presentaron 57 quejas ante la CEDHT atribuida a elementos de seguridad pública municipales por supuesto trato indigno, maltrato u omisiones para garantizar los derechos de la población privada de la libertad y custodiar su vida, pues se abrieron igualmente cuatro quejas oficiosas por el fallecimiento de personas al interior de los separos.
