Magistrados del TJA sobrevaluaron el terreno para sus nuevas oficinas, motivo de juicio político: Morales Díaz

El representante de la Barra de Abogados explicó los antecedentes del por qué promovieron ese recurso ante el Congreso del Estado

I. Carolina Campos

Por sobrevaluar la compra de un terreno para construir sus nuevas oficinas e incurrir en probables actos de corrupción, la Barra de Abogados de Apizaco promovió un proceso de juicio político en contra de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA).

Por ese caso, el Congreso Local ya aprobó la integración de una Comisión Especial para analizar y sutanciar la viabilidad de la solicitud.

Al respecto, el representante de la Barra y exfuncionario del TJA, Daniel Morales Díaz, dio a conocer los antecedentes del tema para recalcar que de lo que se trata es que no haya un abuso de poder por parte de los magistrados Marcos Tecuapacho Domínguez, María Isabel Pérez González y Elías Cortés Roa.

En suma, explicó en rueda de prensa, los magistrados aludieron argumentos tendenciosos para no ajustarse a los lineamientos de la Ley de Adquisiciones y, en cambio, hicieron una adjudicación directa en la compra del terreno ubicado en Atlihuetzia, municipio de Yauhquemehcan, para beneficiar directamente a un particular.

Por si fuera poco, los magistrados autorizaron un pago de 6.5 millones de pesos por el predio, el cual, con base en la evaluación que hizo la perito valuadora y ex trabajadora del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Norma Mendoza, el valor real era de 4.1 millones de pesos, de tal forma que se pagaron 2.3 millones en exceso y de manera injustificable.

“Ese es el punto toral por el que se presentó el juicio político tras la investigación que hizo la Barra de Abogados. En la denuncia se establecen los detalles, pero es importante recalcar que no es un procedimiento inusual, sino que el hecho de que se trate de ese Tribunal deja mucho que desear, porque el Tribunal es un ente anticorrupción que no debe estar inmiscuido en ese tipo de situaciones, por eso es importante que la opinión pública y los diputados conozcan los antecedentes del caso para resolver sobre el juicio político, pero también sobre la eventual evaluación de ratificación o no de los magistrados de ese Tribunal”.

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