Foro sobre el aborto provoca confrontación

Zahr Zuleiman

Mientras al interior del Congreso del Estado se realizaba el foro “Retos y pendientes de la despenalización del aborto”, en el exterior un grupo de manifestantes provida expresó su rechazo a la actividad.

El contraste evidenció que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya invalidó las disposiciones que criminalizaban el aborto consentido en Tlaxcala, el tema sigue generando confrontación social y mantiene pendientes legislativos.

El foro fue presidido por la diputada Lorena Ruíz, con la participación de cinco ponentes que expusieron las dificultades que enfrentan las mujeres para interrumpir un embarazo. Afuera, activistas se plantaron para manifestar su desacuerdo.

La protesta se desarrolló sin confrontaciones directas, pero dejó ver dos posturas que mantienen abierto el debate: quienes defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y quienes sostienen que la vida debe protegerse desde la concepción.

EL PRECEDENTE DE LA CORTE…

En el patio del Congreso, las participantes insistieron en que la despenalización no puede quedarse solo en una resolución judicial.

El argumento central fue que Tlaxcala ya cuenta con un precedente de la Suprema Corte que invalidó los artículos 242 y 243 del Código Penal estatal, pero las instituciones todavía no garantizan condiciones homogéneas para acceder a la interrupción del embarazo.

El 2 de diciembre de 2025, el máximo tribunal resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024 y declaró inválidas las disposiciones que castigaban el aborto consentido, además de eliminar requisitos que condicionaban la atención a víctimas de violencia sexual a una autorización del Ministerio Público.

La resolución fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 6 de mayo de 2026.

Pese a ello, las organizaciones denunciaron que el Congreso local continúa sin armonizar la legislación estatal para establecer con claridad procedimientos, plazos, responsabilidades de las instituciones y condiciones de atención médica.

DENUNCIAN BARRERAS EN HOSPITALES…

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Tlaxcala ha advertido que la resolución judicial no ha eliminado las barreras que enfrentan quienes solicitan este servicio.De acuerdo con las cifras expuestas en el encuentro, la organización acompañó a 897 mujeres durante los primeros tres meses de 2026 y acumuló más de 1,925 solicitudes en lo que va del año. Cerca de cuatro de cada 10 casos estarían relacionados con violencia sexual.

Las activistas señalaron que los procedimientos se concentran principalmente en los hospitales de Tzompantepec y Zacatelco, mientras que en otras unidades médicas persisten negativas, trámites adicionales y falta de criterios uniformes.

También denunciaron que algunos trabajadores de la salud recurren a la objeción de conciencia o esperan instrucciones oficiales para brindar atención, pese a que existe una resolución de la SCJN.

Entre las principales exigencias planteadas estuvieron: armonizar la Ley de Salud; establecer un límite de acceso, con las 12 semanas como referencia; garantizar personal capacitado e insumos médicos; eliminar prácticas de revictimización; asegurar atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

LA POSTURA PROVIDA…

Mientras en el interior se reclamaba que el derecho a decidir se traduzca en servicios médicos efectivos, en la entrada del Congreso los activistas provida fijaron una posición contraria.

Su manifestación estuvo dirigida a condenar las actividades que consideran contrarias a la vida, en alusión al foro que se desarrollaba en el recinto legislativo.

Aunque no se reportaron enfrentamientos, la protesta mostró que la discusión no se limita a los espacios parlamentarios ni a las organizaciones civiles: también enfrenta concepciones distintas sobre el inicio de la vida, los derechos reproductivos y el papel que debe asumir el Estado.

Para los grupos que defienden la interrupción legal del embarazo, impedir el acceso a procedimientos seguros expone a las mujeres a riesgos, particularmente cuando recurren a prácticas clandestinas.

En contraste, las organizaciones provida rechazan que se permita interrumpir la gestación y defienden la protección de la vida desde la concepción.

PENDIENTE EN EL CONGRESO…

Cabe destacar que la LXV Legislatura, integrada mayoritariamente por mujeres, todavía no ha concretado la adecuación de las normas estatales derivada de la resolución judicial.

Sin embargo, para las activistas, las posturas personales de los legisladores no pueden estar por encima de la obligación de adecuar las leyes a los criterios establecidos por la Corte.

Ddeser, incluso, anunció que presentará una queja por omisión legislativa ante la falta de respuesta del Congreso a sus solicitudes, entre ellas una petición para sostener una reunión con los diputados.

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