Redacción 

Sandra Arana Aguilar es una mujer, médica cirujana, de 39 años, originaria de Tlaxcala. El 25 de agosto de 2020, fue detenida de manera arbitraria en la entidad, mientras viajaba en su vehículo con su entonces pareja, por personas armadas vestidas de civil, sin identificarse y sin orden de aprehensión. Posteriormente, Sandra supo que eran elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Durante su detención, los elementos aprehensores la obligaron a subir al asiento trasero de su vehículo donde la amenazaron con matarla, le quitaron sus pertenencias, la golpearon y la cubrieron para que no viera a dónde iba a ser trasladada. Luego fue llevada a un baño donde varios hombres ejercieron actos de tortura y tortura sexual contra ella.

A Sandra se le inició un proceso penal en Tlaxcala por extorsión, mismo que se le permitió llevar en libertad. Sin embargo, en el momento de su liberación condicional fue detenida de nuevo, debido a una orden de aprehensión librada en su contra por el delito de secuestro agravado, por un Juez de Control de Zacatecas, y fue trasladada a esa entidad federativa.

Desde el 2 de septiembre de 2020, Sandra se encuentra privada de la libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, bajo la causa penal 731/2020 del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Zacatecas, sin sentencia. Y pese a no contar con pruebas suficientes que la señalen de haber participado en el delito, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas solicitó la pena máxima de 90 años de prisión.

En junio de 2022, peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas emitieron un dictamen médico y psicológico con base en el Protocolo de Estambul, en el que se determinó que sí existe fundamentación que permite afirmar que Sandra sufrió tortura, efectuada por los elementos de policía de investigación de Tlaxcala. En noviembre de 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió la Recomendación 06/2023, en la se acreditan las graves violaciones a derechos humanos contra Sandra durante su detención. En mayo de 2025, el proceso penal por el delito de extorsión en Tlaxcala fue concluido al no encontrar pruebas en su contra.

Actualmente su defensa corre a cargo de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha documentado la tortura y tortura sexual a la que fue sujeta, lo que ha podido ser integrado por vía de la recomendación del órgano público de Tlaxcala a su causa penal.

El 28 de mayo de este año inició el juicio oral contra Sandra y esta etapa se encuentra próxima a resolverse. En dicho juicio, la defensa ha evidenciado la falta de pruebas en contra de Sandra y que aquellas con las que la Fiscalía busca relacionarla –por ejemplo, con el uso de un dispositivo móvil que, por un lado, no le pertenece y por el otro, fue asegurado en el marco de la detención arbitraria y tortura a la que ella y su ex pareja fueron sujetos– no son suficientes.

Debido a esto, su familia, sus defensores y organizaciones civiles que hemos documentado la tortura a la que fue sujeta, hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado de Zacatecas para que evite la revictimización de Sandra, como sobreviviente de tortura y tortura sexual, y juzgue con perspectiva de género para que, tras constar que no hay pruebas suficientes, finalmente ella obtenga su libertad.

El caso de Sandra no es un hecho aislado; de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México los actos de tortura de naturaleza sexual son cometidos por personas servidoras públicas con la finalidad de degradar o dañar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, atentando en contra de su voluntad, libertad, dignidad e integridad física, entre ellos la “desnudez forzada” y “tocamientos”. Según el mismo documento, el 79.3% de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, durante su arresto, traslado al Ministerio Público, estancia en el Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en el centro penitenciario. Mientras que el 32.19% del total de esas mujeres refirió haber sufrido tortura sexual en al menos alguna de esas etapas.

El Diagnóstico también revela que la autoridad más señalada en la comisión de tortura y tortura sexual durante la etapa de arresto y traslado al Ministerio Público fue la Policía de Investigación (en el 39.68% de los casos). Similar a lo documentado en el Registro Nacional del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), que refiere que a nivel estatal los presuntos responsables registrados en expedientes abiertos pertenecen principalmente a la Policía Ministerial (con 1,394 expedientes).

De acuerdo con el Diagnóstico, la entidad federativa con mayor tasa de denuncias por tortura sexual por cada cien mil mujereses Tlaxcala, con 4.5, por lo que una resolución adecuada en el caso de Sandra que permita su libertad enviaría un mensaje relevante para la erradicación de esta práctica en la entidad y en el país.

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, en México el 23.9% de mujeres fueron sentenciadas por el delito de secuestro, frente al 11.7% de hombres.

Además, el Censo Nacional de Sistema Penitenciario (CNSIPEF) de 2024 reveló que el secuestro es el delito más frecuente por el que están acusadas mujeres sin sentencia con un 52.4%. La libertad de Sandra enviaría un mensaje de justicia para ella y para otras mujeres sobrevivientes de tortura sexual y que han sido privadas injustamente de su libertad

Frases de Sandra…

“La pérdida de la libertad es un impacto muy grande para la vida de las personas, no sólo para quienes la padecemos, sino para mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Es muy doloroso porque no se dan cuenta que afectan a uno, sino a nuestra familia, a terceras personas. No se lo deseo a nadie y nadie tiene porqué pasar por una injusticia de esta magnitud”.

“A las autoridades que actualmente tienen mi proceso les pediría que sean justos, imparciales, que valoren efectivamente las pruebas que yo tengo, que escuchen realmente lo que pasó (…) Es importante que a quienes nos tienen en un proceso, siendo juzgadas también nos escuchen. No soy la única que estoy en esta situación, hay muchas personas recluidas injustamente en centros. Que impartan la justicia como debe ser para que este país pueda crecer y como sociedad, porque necesitamos justicia en este país”.

“He luchado muchos años por mi libertad. Soy una mujer que lleva más de cinco años presa sin una sentencia, he tratado de agotar todos los recursos que tengo para mostrar mi verdad, para mostrar que realmente soy inocente”.