Exigen a la PGJE protección a víctima de agresiones de la diputada Ramírez Ortiz

Laura asegura que teme por su vida y la de sus hijos por los ataques de sus agresores; pide a la institución actuar conforme a derecho y sin parcialidad en favor de la legisladora

I. Carolina Campos

Activistas y Laura N., quien fue víctima de agresiones por parte de la diputada local del PAC, Alejandra Ramírez Ortiz, y su esposo, Enrique Vázquez Fernández, exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emita de inmediato las medidas de protección correspondientes, para evitar que siga corriendo peligro junto con sus hijos.

El pasado martes en una oficina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), la catedrática fue llamada por su superior a otro salón donde la esperaba Alejandra Ramírez y su pareja, donde fue agredida física y verbalmente por la primera, mientras que el otro solo observaba, todo derivado de una supuesta disputa legal por el pago de pensión alimenticia contra Vázquez Fernández, exesposo de la víctima.

Al respecto, este día en rueda de prensa, Laura N., acompañada de las activistas Eréndira Jiménez y Yenny Charrez, explicó que tras interponer al siguiente día la denuncia penal en la PGJE, esta omitió otorgarle de inmediato las medidas de protección policial y hubo un retardo en el procedimiento, derivado del cargo como diputada que ostenta la presunta agresora.

Laura N., aseveró que ella no ha pedido pensión alimenticia y que mantiene a sus hijos gracias al trabajo como catedrática, por lo que su victimaria no tiene derecho a violentarla como lo hizo y de cuyo hecho hay testigos.

“Temo por mi vida y la vida de mi familia porque en cualquier momento puede pasar otra cosa, pero yo no pienso huir, ni suicidarme, ni dejar mi trabajo porque es el sustento de mis hijos y llevo años trabajando en la UAT”.

Las activistas, por su parte, lamentaron el tortuguismo de la PGJE en ese caso y demandaron que la víctima sea protegida por policías estatales, además de que la denuncia penal presentada sea procesada sin beneficios para la diputada y que se muestre que la institución, dirigida por una mujer, es sensible hacia la protección de las mujeres.

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