Gerardo Santillán
El particular, Severo Nava Acoltzi, impugnó ante la justicia federal el proceso de convocatoria y elección del nuevo auditor superior del Estado, que recayó en Arturo Lucio Salas Miguela, quien ya tomó posesión del cargo y se encuentra en la etapa de entrega recepción.
El quejoso, exaspirante a ese puesto, promovió una demanda de amparo indirecto en contra actos del Congreso del Estado y otras autoridades, por considerar que hubo inconsistencias e irregularidades en el procedimiento para elegir al titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) por los próximos siete años.
Se trata del juicio de amparo número 1534/2023-J registrado el pasado 30 de octubre ante el Juzgado Segundo de Distrito y cuya audiencia constitucional se tiene programada para el 1 de diciembre próximo.
En términos generales, Nava Acolzi ataca los actos y consecuencias derivados de todo ese proceso legal, que inició desde la reforma realizada a la fracción VI del artículo 106 de la Constitución Política de Tlaxcala, la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 106 y la aplicación de la fracción VI del artículo 106 en la emisión de la convocatoria para regular el procedimiento de selección y designación del titular del OFS.
Asimismo, la sanción y publicación de dichas reformas por parte del Gobierno del Estado y la aprobación de la convocatoria por parte de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la 64 Legislatura.
Y en particular, “la omisión de fundar y motivar el Acuerdo por el cual el quejoso fue descalificado del proceso de elección del nuevo Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior, al no aparecer en la lista publicada el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en los estrados del Congreso; y su notificación”.
Todo ello se tramita en tanto Salas Miguela despacha ya como auditor superior del Estado y en el Congreso se dio por cerrado el tema.
