Por: Cristhian Flores.
El 15 de octubre, el Gobierno de Tlaxcala publicó en el Periódico Oficial una declaratoria de emergencia ambiental ante la saturación del único sitio de disposición final que permanece en operación en el estado, el de Atlangatepec.
De acuerdo con la declaratoria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) determinó que los cuatro sitios de disposición final de residuos —Calpulalpan, Atlangatepec, Huamantla y Panotla— incumplían la NOM-083. El 8 de abril de 2024 impuso una clausura parcial y, el 4 de junio de 2025, notificó la clausura total. Es decir, las autoridades conocían desde hacía más de dos años la gravedad del problema y las consecuencias que podía tener para el manejo de los residuos en el estado.
Desde abril de 2024, el gobierno estatal había solicitado a los municipios buscar alternativas; sin embargo, cuando se notificó el cierre definitivo, la respuesta de muchos ayuntamientos se concentró en campañas ciudadanas para reducir la generación de basura. El problema es que esas medidas, por sí solas, no podían resolver una crisis que requería infraestructura, planeación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La propia declaratoria deja en evidencia una de las contradicciones del discurso oficial. El documento reconoce que, durante décadas, el Gobierno del Estado asumió «temporalmente» el manejo de los residuos porque los municipios no tenían capacidad para hacerlo. Si esa responsabilidad se mantuvo durante años en manos del gobierno estatal, resulta contradictorio que ahora se pretenda trasladar toda la carga a los ayuntamientos.
El artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso c), establece que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. La obligación municipal es clara. Sin embargo, también lo es la falta de alternativas concretas ante una crisis que llevaba años gestándose, los ayuntamientos no parecen contar con proyectos suficientes para enfrentarla.
Las consecuencias ya están a la vista. Con los sitios de Panotla y Huamantla cerrados y el de Calpulalpan en proceso de cierre, los residuos de los 60 municipios dependen de un solo relleno sanitario. La concentración de la basura en Atlangatepec convirtió un problema anunciado en una emergencia que afecta a todo el estado.
Con 1.4 millones de habitantes que generan cerca de un kilo de basura por persona al día, la cantidad de residuos alcanza entre 1,200 y 1,600 toneladas diarias. El resultado ya es visible por las largas filas de camiones recolectores, rutas suspendidas en más de 49 municipios y acumulación de basura en calles y barrancas.
La cancelación, en octubre, del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), proyectado en San Pedro Ecatepec, agravó aún más el panorama. El secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, argumentó que los costos de infraestructura habían aumentado hasta 40 por ciento y que los habitantes rechazaban el proyecto por los riesgos de contaminación asociados con los rellenos sanitarios de la zona. La gobernadora defendió inicialmente la obra, pero después dio marcha atrás. Con su cancelación, Tlaxcala perdió una de las alternativas que se planteaban para atender el problema de los residuos, sin que hasta ahora exista una solución de alcance estatal que despeje la incertidumbre.
Desde la oposición también llegaron los señalamientos. Juan Manuel Cambrón, dirigente del PRD en Tlaxcala, calificó la situación como «un colapso profundo» y exigió al gobierno una respuesta, en lugar de trasladar toda la responsabilidad a los municipios.
Todo apunta a que la crisis de la basura podría convertirse en uno de los problemas que herede la próxima administración, junto con los pendientes que deje el gobierno de Lorena Cuéllar. La emergencia no surgió de un día para otro, sino que se fue construyendo entre clausuras, falta de alternativas y decisiones que no consiguieron ofrecer una salida de fondo.
Pero la responsabilidad institucional no excluye la responsabilidad social. Cada hogar genera residuos y todavía falta mucho por hacer para separar la basura, aprovechar los materiales reciclables y reducir lo que termina en los rellenos sanitarios. Separar los residuos orgánicos e inorgánicos no resolverá por sí solo una crisis de esta magnitud, pero puede contribuir a disminuirla.
El problema es que la ciudadanía no puede sustituir la falta de planeación de las autoridades. Separar la basura es necesario; contar con infraestructura, políticas públicas y una estrategia de largo plazo también. Tlaxcala necesita ambas cosas. Lo que ya no puede permitirse es que, después de años de advertencias, la basura siga acumulándose mientras los gobiernos se pasan la responsabilidad de uno a otro.
Nos vemos la próxima semana en El Juego Sobre la Mesa.
