Cuotas escolares: el conflicto

Bernardino Vazquez Mazatzi

Escritor y Periodista

El regreso a clases en este 2022 tiene garantizado el conflicto por las cuotas escolares y por los uniformes escolares, voluntarios o impuestos, baratos o caros. El inicio del presente ciclo escolar si tiene algo seguro son problemas por cuestiones de dinero, el que las sociedades de padres de familia y los directivos dicen que urge para afrontar los gastos en el plantel y el que los papás y mamás rechazan dar porque el gobierno del estado, específicamente la SEP-USET dicen que está prohibido aportar.

En esa disyuntiva va incluso la permanencia de algunos directores que o se involucran de más en el cobro de esas cuotas o que no saben manejar el problema que generan esas aportaciones. Se prevé la presencia de comités de paterfamilias inconformes acudir a las instalaciones de las instituciones educativas a exigir la prohibición de las cooperaciones, a denunciar condicionantes en la inscripción de los estudiantes y hasta a exigir la destitución de los comités. No se descarta la toma de la USET las veces que sea necesario.

El de los uniformes escolares es otro problema que tendrá especial y principal relevancia en este regreso a clases. Hay gente especialmente interesada y por cuestiones netamente económicas, en imponer el vestuario con determinado proveedor y de cierta calidad y precio. Las ganancias directas o por moches son muchas, son negocio, por eso no es fácil dejarlas. Y eso también garantiza problemas para los planteles y para las autoridades del sector. Muchos de esos conflictos se saldrán de control ocasionando incluso ingobernabilidad.

Lo cierto es que las cooperaciones escolares son molestas, incluso hasta exageradas e injustas, pero por desgracia, necesarias. Todos exigimos espacios dignos para la educación de nuestros hijos, pero tenemos la obligación de colaborar para que así sea. Exigimos que nuestros pequeños ocupen espacios acordes, limpios, con todos los servicios, libres de riesgos e higiénicos, pero eso no se logra con buenos deseos o por arte de magia: tenemos que lograrlo con nuestra participación, con nuestras manos, con nuestra intervención y dinero.

Es mentira que los gobiernos municipal, estatal y federal lo van a hacer; eso es un mito. Eso no ocurre ahora y tal vez nunca; es sólo discurso y buenas intenciones. No hay dinero que alcance para satisfacer las necesidades de un plantel y menos cuando tiene que atender a más de 300, o 400 o más alumnos. en una sola escuela; quien diga que sí, no sabe lo que dice y no tiene ni idea del tamaño y complejidad de la situación. Aun y cuando el gobierno haga importantes aportaciones al plantel, siempre hará falta el recurso para acciones complementarias.

Por lo que se refiere al uniforme, este, a pesar de estar prohibido o decirlo opcional o no necesario ni urgente ni obligatorio, los padres de familia lo van a adquirir y se lo van a poner a sus hijos por cuestiones de igualdad, de dignidad, y hasta por estética y orgullo si se quiere. El uniforme, aunque se escuche redundante, da uniformidad a los estudiantes e impide una idea de desigualdad económica, cultural o social. Nadie se opondrá al uso de este vestuario general si de esa forma el niño y la niña se insertan en condiciones de igualdad a la colectividad escolar.

Lo malo en este asunto es el mal manejo de los dineros producto de las cooperaciones. No hay que negar que hay sociedades de padres de familia, por porcos, afortunadamente, que se aprovechan de la buena voluntad de los tutores y disponen para su beneficio el dinero que debería estar destinado a mejorar las instalaciones escolares y a satisfacer las necesidades del plantel en donde estudian sus hijos y los pequeños de la población. La responsabilidad de depositar la confianza en gente honrada y con proyecto recae en la comunidad de papás y mamás.

Lo del uniforme, obligatorio o no, jamás debe ser propuesta de las sociedades de padres de familia y mucho menos de los directores. Por ningún motivo los actores cercanos al mando de la escuela deben siquiera proponer proveedor y menos fijar precios ni recibir un porcentaje por concepto de las ventas. Hacerlo es garantizar conflictos. Eso sí está prohibido; quienes deseen meterse en problemas y ser centro de la descalificación y destinatarios del señalamiento negativo ya saben el camino.

Pero mucho de esto no se entiende, o no se quiere entender ya sea por ignorancia, por falta de información o de plano, por intereses económicos. Con la llegada de la fecha de regreso a clases se avizoran conflictos y eso, eso no debiera ser.

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