Alerta por regresión y matanzas en el proyecto de la Ley General de Bienestar Animal

Observatorios de Tlaxcala, Jalisco y Puebla alertan sobre posibles regresiones en la Ley General de Bienestar Animal y reformas a otras leyes federales, y solicitan un piso mínimo nacional de protección

Redacción

Los Observatorios de Protección Animal de Tlaxcala, Jalisco y Puebla presentaron ante Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal una alerta técnico-jurídica sobre el proyecto de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

Tras analizarlo frente a marcos jurídicos estatales, advierten regresiones en el tratamiento de perros y gatos en situación de calle, pues disposiciones podrían facilitar su eliminación bajo argumentos de control poblacional.

Sostienen que la matanza no debe ser un mecanismo ordinario de control. Proponen reconocer la figura de Animal Comunitario y establecer programas permanentes de Captura, Esterilización, Vacunación y Retorno (CER/TNVR), con recursos y capacidad institucional. Toda eutanasia debe responder a valoración individualizada y realizarse por una persona médica veterinaria con cédula profesional.

Señalan que una Ley General debe establecer un piso mínimo nacional, no un techo que limite los avances estatales, permitiendo mayor protección sin distinción de especie. Advierten sobre facultades, recursos y que la protección no dependa del uso o actividad del animal.

El nuevo marco debe ser congruente con avances científicos, estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), las Declaraciones de Cambridge y Nueva York, y los cinco dominios.

Solicitaron una Mesa Político-Técnica de Trabajo antes de que el proyecto avance, para revisar y corregir sus disposiciones, con participación de los Observatorios y especialistas.

Aclaran que no buscan obstaculizar una legislación general, sino contribuir a un avance nacional sólido, sustentado y efectivo. Llaman a revisar el proyecto antes de su discusión y aprobación, especialmente las disposiciones que impliquen retrocesos o permitan la muerte como mecanismo ordinario de control.

La Ley General debe elevar, no reducir, la protección existente.

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