Al 30% certificación policial en municipios de Tlaxcala: CESESP

En marcha prórroga que ayuntamientos pidieron al OFS para avanzar en ese rubro; al finbalizar el año se espera llegar al 50 por ciento de avance: Hernández

Gerardo Santillán

Está en marcha la prórroga de tres meses que solicitaron los ayuntamientos de Tlaxcala al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), para intentar avanzar en la evaluación y certificación de los 2 mil 500 policías municipales, de los que a la fecha el 30 por ciento lo ha logrado, es decir, alrededor de 750 uniformados, informó Maximino Hernández Pulido, titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP).

Explicó que esa moratoria les da la oportunidad de hacer una pausa en los procedimientos por posible daño patrimonial a las arcas de las comunas, no les quita la observación, pero pueden avanzar en busca de la certificación que es de suma importancia para tener acceso a uniformes y armas de fuego por parte del Gobierno del Estado, así como para poder hacer las puestas a disposición de detenidos, contar con sus claves personales, entre otros aspectos.

No obstante, en entrevista colectiva confió en que en ese tiempo los municipios puedan avanzar:

“Creemos que en tres meses los alcaldes y alcaldesas que tuvieron la voluntad de acreditar a sus policías será suficiente para avanzar. A inicio de la administración, hace un año, los municipios presentaban avances de apenas 10 por ciento, pero al corte de la semana pasada estamos sobre el 30 por ciento. Confío en que al finalizar los tres meses hayamos alcanzado por lo menos el 50 por ciento, porque es muy difícil revertir los números porque los alcaldes así recibieron de mal sus policías”.

Comentó que los municipios más avanzados son Tlaxcala, Apizaco y los que en su momento tuvieron acceso a recursos federales del Fortaseg, pero todos aun están lejos del 100 por ciento.

Hernández Pulido añadió que los ayuntamientos tienen que crear sus Consejos de Honor y Justicia para atender los asuntos de policías que no pasen la evaluación, pues deben iniciarles procedimientos individuales concederles el derecho de audiencia y luego emitir una resolución colegiada, derivado de la cual se sabrá si son dados de baja o son adscritos a otra actividad, que la Ley también prevé.

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