Zahr Zuleiman
Una nueva denuncia ciudadana pone bajo el escrutinio público al grupo político de Alfonso Sánchez, luego de que trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT), quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, aseguraran que están siendo presuntamente presionados para realizar actividades de promoción política, con la advertencia de que su permanencia laboral podría verse afectada si se niegan.
Los denunciantes relatan que fueron enviados al municipio de Zacatelco, aun cuando no pertenecen a esa demarcación, con instrucciones específicas para visitar familias, organizar reuniones, recabar información, tomar evidencias fotográficas y entregar reportes detallados de las actividades realizadas. El formato proporcionado incluye datos del organizador, anfitrión, dirección, sección electoral y número de asistentes. REUNION DE LIDERES EN ZACATELCO 1.pdf
“Nos dijeron que había que cumplir con la actividad; de lo contrario, podríamos tener problemas en el trabajo”, afirmó uno de los trabajadores, quien pidió reservar su identidad por miedo a perder su fuente de ingresos.
De confirmarse estas denuncias, el caso exhibiría un presunto uso de la estructura laboral para fines políticos, una práctica que la legislación electoral y laboral busca erradicar por constituir una posible forma de coacción y de vulneración de los derechos de los trabajadores.
Las instrucciones entregadas hablan de una estrategia de posicionamiento, establecen metas, plazos para entregar evidencias y asignan claves de identificación para cada participante, lo que, según los denunciantes, demostraría que no se trata de una actividad espontánea, sino de una operación organizada. REUNION DE LIDERES EN ZACATELCO 1.pdf
Las acusaciones surgen en un contexto de intensa competencia política, donde, según los denunciantes, existiría una desesperada búsqueda por fortalecer estructuras territoriales. No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento público de Alfonso Sánchez ni de las autoridades del COBAT respecto de estos señalamientos.
La ciudadanía exige que las autoridades electorales y laborales investiguen con prontitud si hubo coacción sobre trabajadores o utilización indebida de recursos humanos con fines político-electorales, y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones previstas por la ley.
