Redacción
Por mayoría de votos, el Pleno de la LXIII Legislatura del Congreso local, concretó en su novena sesión ordinaria importantes reformas al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios.
Las adecuaciones consisten en la reducción de costos de las constancias de antecedentes no penales para estudiantes, buscadores de empleo y personas adultas mayores; y la eliminación del costo por la expedición de actas que emita el Registro Civil a personas de la tercera edad y personas discapacitadas.
De la misma manera, las reformas hacen referencia al cambio del término de salario mínimo por Unidades de Medida y Actualización (UMA), norma los procedimientos para la actualización de las contribuciones y aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco; establece mecanismos de cobro de los gastos de ejecución que se realizan en las diligencias del procedimiento administrativo de ejecución; y otorga atribuciones a la autoridad fiscal para clausurar eventos por falta de pago del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos.
Para el caso específico de la reducción del costo por la expedición de la Constancia de no antecedentes penales, los Legisladores locales establecieron que el beneficio es del 75 por ciento del pago siempre y cuando se acredite con la presentación de credencial vigente con fotografía expedida por la institución educativa, el resultado de admisión a la misma institución o la credencial de adulto mayor; el descuento será del 50 por ciento cuando se justifique que el documento es para obtener un empleo.
La LXIII Legislatura de Tlaxcala también aprobó la gratuidad de las actas del estado civil y de defunción para trámites administrativos o judiciales, para los adultos mayores y personas con discapacidad, que sean solicitadas a la Dirección de la Coordinación del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala y sus oficialías.
Por otra parte, y con el objetivo de garantizar al Estado contar con mejores finanzas para el cumplimiento de sus objetivos, el Congreso de Tlaxcala otorgó a la autoridad estatal una herramienta jurídica que le permitirá clausurar o intervenir en un evento o espectáculo en caso de que los contribuyentes no realicen el pago oportuno sobre el impuesto que se aplique en la celebración de éstos.
