Lorena Cuéllar promueve acción de inconstitucionalidad contra Ley de Seguridad Interior ante la SCJN

Forma parte del grupo de senadores que luchan por echarla abajo, al considerarla represiva e intimidatoria impuesta por el PRI

Zhar Zuleiman

Lorena Cuéllar Cisneros forma parte del grupo de senadores de diferentes fracciones parlamentarias, que presentaron una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ser represiva e intimidatoria impuesta por el PRI para militarizar al país.

Los congresistas consideraron que la ley busca una justificación para reprimir cualquier tipo de inconformidad social o electoral, que vulnera los derechos humanos de las personas.

La documentación se presentó el pasado viernes ante la SCJN con fundamento en los artículos 104 fracción VI y 105 fracción II inciso b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 12, 59 al 63 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105; y artículos 1 y 10 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contra la Ley de Seguridad Interior aprobada el 21 de diciembre de 2017.

Lorena Cuéllar se manifestó en contra de esta ley promovida por el titular del Ejecutivo, quien buscó darle facultades extraordinarias a las fuerzas armadas, lo que implicaría una invitación a la violación de los derechos humanos bajo el pretexto de erradicar la inseguridad derivada de una política económica y en materia de seguridad erróneas.

Incluso, recordó que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció en contra, ya se abre paso a la violación de las garantías individuales y que casualmente se da en tiempos electorales y con un descontento masivo de la población en contra del PRI.

“Organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos han señalado su preocupación en cuanto al poder que otorga esta minuta a las fuerzas armadas, ya que es un riesgo real que la autoridad civil quede subordinada al ejército, situación que solo mermaría su relación con la sociedad. Lamentablemente los últimos años nuestras fuerzas armadas han sido cuestionadas por presuntas violaciones en materia de derechos humanos”, expresó.

A pesar de los esfuerzos la Ley fue aprobada, así que los senadores decidieron acudir a la SCJN para tratar de echarla abajo, toda vez que surgió de un clima electoral poco favorable para el gobierno federal en turno.