Gerardo Santillán

La esperada ampliación de la carretera Puebla–Tlaxcala se encuentra en un punto muerto. Los conflictos laborales y las pugnas entre sindicatos locales y foráneos han paralizado la obra, ante lo cual el Gobierno del Estado ha fijado una postura tajante: la responsabilidad de destrabar esa crisis recae en la empresa concesionaria, en este caso, PINFRA, recalcó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

​La postura oficial: “Es un tema de la empresa”…

​En entrevista colectiva este día, la mandataria aclaró que, al tratarse de una obra concesionada, la administración estatal no intervendrá directamente en las negociaciones.

Según la jefa del Ejecutivo Local, es la empresa la que debe sentarse a la mesa con las organizaciones gremiales para alcanzar los acuerdos necesarios.

​“Respetamos la situación, pero es la empresa quien debe resolver sus problemas internos; hay compromisos y se requiere agilidad para que se destraben los conflictos y pueda iniciar la ampliación”, sentenció Cuéllar Cisneros.

​Antecedentes de violencia y demandas justas…

​El conflicto no es menor. Los trabajadores tlaxcaltecas exigen condiciones laborales justas, lo que ha generado fricciones con sindicatos externos contratados por la concesionaria. Esta tensión alcanzó su punto crítico el pasado mes de noviembre, cuando la disputa derivó en actos de violencia que incluyeron la quema de patrullas.

​Al respecto, la gobernadora fue clara…

​Responsabilidad legal: Las denuncias y consecuencias derivadas de los hechos de noviembre deben ser gestionadas por la empresa.

​Autonomía sindical: El manejo de contratos con sindicatos externos y locales es facultad exclusiva de la concesionaria.

​Un proyecto estratégico en vilo…

​A pesar de la excelente coordinación que existe con el Gobierno de Puebla para impulsar este corredor industrial y comercial, el proyecto no puede avanzar sin paz laboral. La ampliación es considerada una obra estratégica para el desarrollo económico regional, pero hoy depende de que la empresa

​Finalmente, Cuéllar Cisneros expuso que el Gobierno del Estado mantendrá un acompañamiento institucional, pero no asumirá tareas de mediación que corresponden al ámbito privado del concesionario, urgiendo a este último a dar una pronta solución para evitar más retrasos en la conectividad del estado.