Tlaxcala se suma a esfuerzos federales para combatir la tala ilegal

Redacción

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (Propaet), se ha sumado a los esfuerzos del Gobierno de México para prevenir y erradicar la tala clandestina, considerada uno de los principales retos ambientales de la entidad y del país, participando en labores de inspección y vigilancia coordinadas por autoridades federales, las cuales han derivado en clausuras de aserraderos, aseguramiento de madera y vehículos, y denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), como resultado de operativos conjuntos.

Durante su participación en el encuentro Diálogo Circular con representantes de medios de comunicación, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, y el titular de la Propaet, Iván García Juárez, coincidieron que el marco jurídico vigente establece claramente la distribución de las competencias de las autoridades de los diversos órdenes de gobierno para hacer frente a esta actividad ilícita, por lo que el gobierno estatal colabora con el gobierno federal para hacer frente a este problema que degrada los ecosistemas y reduce la biodiversidad.

Pedro Aquino indicó que este año, por instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, se puso en marcha la Mesa Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la Tala, que semanalmente encabeza el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez, a fin de dar seguimiento a las estrategias y acuerdos relacionados con el combate de esta práctica ilegal.

Refirió que este tema, originalmente, se abordaba en la Mesa de Seguridad que preside la gobernadora; sin embargo, debido a su importancia, ahora se trabaja en una mesa particular, que opera bajo un esquema de coordinación con las representaciones de instituciones federales del sector ambiental, seguridad, procuración de justicia y fuerzas armadas, “algo que no hemos visto en otras entidades federativas”.

“En esta Mesa participa la Fiscalía General de la República, porque ustedes saben, la tala es un delito federal; participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), Conafor, Conanp, que son instituciones también ambientales, más la Profepa, que es, desde el punto de vista administrativo, la instancia responsable de perseguir estas conductas que están prohibidas por las leyes ambientales”, expuso.

El funcionario recordó que un compromiso de la gobernadora, “desde su campaña y que refrendó en el Plan Estatal de Desarrollo”, fue apoyar el combate y la prevención de la tala, por lo que, aunque se trata de un delito federal, “el Gobierno del Estado hará lo propio hasta donde nos lo permite la ley”.

Por su parte, el procurador Iván García destacó la coordinación con el gobierno federal, pues mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) concentra los esfuerzos contra la tala ilegal, la Propaet sanciona las afectaciones de especies vegetales que no son de competencia federal, como árboles urbanos, jardines y áreas verdes locales, y colabora en acciones conjuntas.

Al respecto, expuso que, de octubre de 2024 a agosto de 2025, la Profepa, en coordinación con la Propaet, la GN, la Defensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias estatales, intensificó acciones en “focos rojos” de tala ilegal, principalmente, en el Parque Nacional Malinche y municipios aledaños.

Mencionó que se han realizado 79 acciones, que incluyen 22 inspecciones a predios, nueve inspecciones a centros de almacenamiento y transformación (aserraderos), tres inspecciones a empresas con tratamiento fitosanitario, 34 inspecciones de transporte de materias primas forestales, nueve recorridos de vigilancia y dos operativos especializados, lo que derivó en la clausura de tres aserraderos y tres predios, así como el aseguramiento precautorio de 462 mil 979 metros cúbicos de madera, 35 vehículos, 10 herramientas y equipos, y 0.6 toneladas de carbón vegetal.

En materia jurídica, señaló que se han presentado 30 denuncias ante la FGR, y 80 coadyuvancias realizadas ante la Fiscalía General, mientras que la Propaet, en seguimiento a acuerdos de la Mesa de Tala, durante 2025, ha realizado 128 visitas de investigación a madererías, lo que permitió identificar 46 establecimientos activos, 78 inactivos y cuatro no localizados. Además, se detectaron cuatro nuevos establecimientos que serán verificados próximamente.

Asimismo, con base en un listado de 70 aserraderos registrados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Propaet realizó una depuración que permitió detectar que 54 están operando, 13 están inactivos, dos no fueron localizados y uno está clausurado. Al respecto, el funcionario mencionó que 32 cuentan con manifiesto de impacto ambiental estatal, y que 31 están inscritos al programa de auditoría ambiental en la Propaet. De estas verificaciones, añadió, la Propaet instauró 12 procedimientos administrativos, de los cuales 10 concluyeron con una sanción económica.