Sin aviso al INAH, quieren remodelar presbiterio de iglesia del Carmen de Chiautempan

Templo de Nuestra Señora del Carmen es considerado un monumento religioso

Gerardo Santillán

El párroco de la iglesia del Carmen de Chiautempan, Agustín Rojas, tiene la iniciativa de remodelar el presbiterio, para lo cual ha organizado kermeses todos los domingos para hacerse de recursos y echar a andar los trabajos; sin embargo, pretende hacer los arreglos sin la autorización de una autoridad como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), toda vez que se trata de un monumento religioso.

Si bien edificación del templo de Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la calle Ignacio Picazo Sur del centro de la ciudad de Santa Ana, culminó en 1910 por impulso del sacerdote Bernardo Picazo Toríz, es en sí mismo un monumento histórico con una importante riqueza sacra en su interior, pues en un principio se dedicó a la veneración de la diosa Sihuateotzin.

La remodelación del presbiterio en un principio, constaría de cambio del piso y algunos marcos de madera del altar principal, entre los cuales existe material de ónix y otros acabados, por lo cual además de requerirse un presupuesto significativo, en teoría deberían ser especialistas quienes restauren las diferentes áreas.

Más aun, se requiere de la autorización del INAH porque la iglesia del Carmen está dentro del catálogo estatal de arte sacro y cualquier alteración de su imagen debe ser previamente analizada.

Son las integrantes de las “carmelitas descalzas” las que se han encargado de organizar las kermeses con la venta de variados antojitos mexicanos, quienes además están enteradas de los planes del párroco Rojas por llevar a cabo remodelaciones en distintos tiempos, comenzando por el presbiterio.

La experiencia indica que cuando un monumento religioso es alterado sin autorización oficial, sobrevienen conflictos sociales y legales para los directamente responsables, como en el caso de la demolición en julio pasado de la capilla del Santo Cristo, del siglo XVIII, en el municipio de San Pablo del Monte, el cual estaba considerado como un inmueble histórico, por lo que el INAH y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes promovieron  una denuncia penal.