Gerardo Santillán
En el Estado de Tlaxcala el 40.8 por ciento de la población, contada en poco más de 1.4 millones de habitantes, se considera en situación de pobreza, mientras que el 36.5 en pobreza moderada y solo el 4.4 por ciento en pobreza extrema, cifras por debajo de la media nacional.
Traducido en números duros, se trata de 598 mil 684 tlaxcaltecas que están en algún grado de pobreza, 534 mil 796 en pobreza moderada y 63 mil 888 en pobreza extrema.
Así se desprende de los datos del Acuerdo por el que se da a conocer el Informe Anual de sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2026, publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México.
En ese, se detalla que en el territorio estatal viven 746 mil 890 mujeres y 700 mil 831 hombres, donde el grueso de la población se concentra entre los 15 y 29 años.
En cuanto a carencias sociales, se informa que el 29 por ciento (424 mil 978) de la población total registra alguna y, de esta , el 14.3 por ciento presenta rezago educativo, el 39.3 registra carencia de acceso a servicios de salud, el 58.7 carece de seguridad social, el 5.5 de calidad y espacios de vivienda, el 6.2 de acceso a los servicios básicos en vivienda y el 20.8 por ciento no tiene posibilidad de alimentación nutritiva y de calidad.
Otro 9.6 por ciento de la población (141 mil 83) es vulnerable por ingresos, 20.8 (302 mil 431) no es vulnerable ni pobre, mientras que 0.38 por ciento (5 mil 105) presenta baja o muy baja accesibilidad a carretera pavimentada.
En suma, la Secretaría de Bienestar coloca a Tlaxcala en un lugar medio en cuanto al grado de rezago social y ocupa el sitio 13 a nivel nacional respecto al rezago social.
Bienestar dio a conocer dicho Informe Anual para el ejercicio fiscal 2026, cuyo objetivo es proporcionar un compendio de información vigente a nivel territorial sobre la situación de la pobreza, el rezago social, la inversión en infraestructura básica, así como información sociodemográfica y económica que, en conjunto, permitan orientar la planeación y la toma de decisiones en la implementación de las políticas públicas.
