Gerardo Santillán
Cerca de la medianoche del lunes, el secretario general del sindicato de burócratas 7 de Mayo, Edgar Tlapale Ramírez, envió a sus agremiados la convocatoria para participar en el Congreso Sexenal Extraordinario en el que se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo que fungirá del 22 de julio de 2022 al primer viernes de abril de 2026.
La congregación de los trabajadores al servicio de los poderes y municipios, está programada para el 22 de julio próximo a partir de las 8:30 horas, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Tlaxcala en donde el orden del día contempla la comprobación del quórum legal, la integración de la mesa de debates, informe de labores del Comité saliente bajo el mando de Tlapale Ramírez, presentación de ponencias y elección de la comisión dictaminadora de ponencias.
Inmediatamente después se hará la presentación de las planillas contendientes y debidamente registradas, luego se efectuará la votación respectiva y el cómputo definitivo, para con ello pasar a la toma de protesta de la nueva dirigencia.
De acuerdo con el documento gremial, las planillas que se conformen para participar en el proceso interno deberán inscribirse en la sede sindical ubicadas en la ciudad de Tlaxcala, a partir de las cero horas del 22 de junio ante una Comisión de Vigilancia Electoral que quedará constituida ese mismo día.
Esa convocatoria al Congreso Extraordinario se da en medio de severos señalamientos a Edgar Tlapale de presuntamente vender plazas en poderes y municipios en más de 400 mil pesos, de estar beneficiado personalmente con tres de ellas, sin presentarse en ninguna, por las que en suma cobra alrededor de 74 mil pesos mensuales, entre otros supuestos abusos del cargo que ostenta para beneficios propios, de familiares y de cercanos, como el de manipular niveles.
Sin embargo, debido a los litigios laborales que enfrenta pues la propia toma de nota de su representación está impugnada, esa aparente venta de plazas se le vino abajo, prueba de ellos es que hay decenas que no son reconocidas o han sido canceladas como en el Congreso del Estado, o los municipios de Huamantla y Chiautempan, lo que ha llevado a los afectados a exigir justicia.
La convocatoria hace hincapié en que la asistencia al Congreso por parte de los más de tres mil agremiados es obligatoria, o de lo contrario se aplicarán las sanciones contempladas en los estatutos.
