Gerardo Santillán
En 10 meses y medio de las presentes administraciones municipales, se han suscitado ya seis muertes en los centros de detención preventiva de cinco municipios del Estado, dos de las cuales han ameritado sendas recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT); sin embargo, en ningún caso ha habido servidores públicos sancionados.
En los separos de la policía municipal de Apizaco se han registrado dos muertes y en un caso la autoridad ministerial determinó que fue suicidio; otras más tuvieron lugar en Tlaxcala, Nanacamilpa, Calpulalpan y la más reciente en Xaltocan, que a su vez provocó un zafarrancho en la alcaldía.
Las recomendaciones 05/2022 y 02/2022 dirigidas por la CEDHT fueron a los munícipes de Nanacamilpa y Tlaxcala, Oswaldo Romano y Jorge Corichi, por omisiones y negligencias de sus oficiales de seguridad que terminó en la muerte de dos detenidos, en agosto y noviembre de 2021, respectivamente; el primero por ahorcamiento y el segundo por un paro cardiorespiratorio.
El 3 de enero de este año, una mujer de 41 años que fue detenida por presuntamente haber estado implicada en un robo, murió al interior de los separos preventivos de Apizaco por aparente sobredosis, en tanto que el pasado 24 de junio luego de ser detenido por posesión de estupefacientes, se suscitó la muerte de un joven de 21 años en el mismo lugar, al encontrarse suspendido con una cobija atada al cuello.
También, a principios de junio, un hombre de aproximadamente 33 años que fue detenido por consumir drogas y acosar a una mujer, fue encontrado ahorcado con una chamarra en los separos de Calpulalpan.
Y el último, el domingo en Xaltocan, un hombre de 56 años que fue detenido por presuntamente participar en una riña, murió en los separos aparentemente al colapsar por un problema de salud previo, aunque de ese caso todavía falta conocer los resultados de la investigación por parte de la PGJE y constatar la versión de familiares de que fue golpeado severamente.
De esos casos no se cuenta con información fidedigna que indique que los servidores públicos involucrados hayan sido sancionados por su actuar negligente y omiso.
