Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
Conforme pasan las horas crece más la percepción cierta de que la elección relativa a la reforma al poder judicial fue un fracaso, una broma de mal gusto, un ataque a las instituciones nacionales, el cumplimiento de un capricho y la ejecución de una venganza. Dicho proceso puede ser todo lo que quieran o gusten sus promotores, menos un acto democrático o una elección ejemplar.
Quienes la defienden se empecinan en decir que esto era exactamente lo que el pueblo quería, cuando en realidad nadie pidió esta forma para seleccionar a los impartidores de la justicia. En el consciente colectivo nacional, desde hace mucho tiempo, se sentía la necesidad de poner un alto a los excesos de ese poder constitucional; el fondo sí era, el modo, una aberración.
El que haya acudido a votar el 13 por ciento del electorado mexicano, o el 15 o 20 por ciento, no garantiza que esa cifra represente votos válidos. Una inmensa cantidad de gente, principalmente burócrata o beneficiaria de los programas sociales, obligada, presionada, intimidada y acarreada fue a las urnas y marcó una o varias boletas, pero inscribió groserías, mensajes ofensivos o simplemente rayó todo el documento o en el mejor de los casos, lo dejó en blanco: pocos supieron qué hacer con las papeletas y muchos no supieron para qué… 13 millones de votos son insuficientes para legitimar a los incógnitos supuestos ganadores.
El proceso electoral del uno de junio fue confuso, desorganizado, caro, tendencioso, pero, sobre todo, infructuoso. Las cuentas alegres de quienes lo promovieron no tienen cabida; no nos van a hacer creer que sólo ellos tienen la razón y millones de mexicanos están equivocados pues en realidad resultó un capricho absurdo, un ejercicio antidemocrático y deja perfectamente claro que el resultado buscaba cooptar uno de los poderes constitucionales para ponerlo al servicio del ejecutivo.
Nadie podrá negar que era urgente una sacudida al poder judicial, nadie medianamente lógico rechazaría contar con ciudadanos probos en la impartición y procuración de la justicia, pero… ¡No de esa forma! A nadie se le ocurrió que pudo haber sido por partes. Es decir, primero una elección para jueces, otra para magistrados y otra para ministros con una estrategia y logística que permitiera mayor participación social y menor gasto.
Porque, señores del poder, el costo de esta farsa es una ofensa a la pobreza de miles de mexicanos, es una estupidez para el sentido común, es una aberración para quienes buscan un cambio y transición moderna de las instituciones nacionales. Es inaceptable la participación de personajes poco recomendables en un sector tan importante en la vida nacional. Ahora resulta que, sin querer, se colaron delincuentes o gente con sospechas a cuestas. ¡ni siquiera eso pudieron hacer los que se empeñaron en este proceso ridículo!
Mientras en algunas regiones de México y en poblaciones de la zona de la montaña de Tlaxcala hay comunidades urgidas de obra pública, el régimen se da gusto gastando cientos de millones de pesos en una aventura electoral prevista desde su concepción como fracaso. Hay hospitales sin médicos, sin medicinas, sin lo más elemental, hay zonas donde la delincuencia dicta las leyes y hay carencias inaceptables en la educación y a estos se les ocurre una elección nacida muerta. En qué méndiga cabeza cabe que eso era urgente, prioritario, impostergable…
Este proceso electoral contó con todos los elementos y condimentos de una dictadura, o del regreso del pasado tan despreciado por MORENA y la 4T. Todas las oficinas de las presidencias municipales de todos los estados de todo el país se convirtieron en casas de campaña o centro de operaciones para promover no sólo la participación social el uno de junio, sino en apoyo a candidatos específicos que deberían ganar para ser funcionarios al servicio de otro poder.
Y para ello el poder no escatimó recursos económicos y materiales, dispuso también de personal para convencer a las madres solteras, a los viejitos, a los jóvenes, discapacitados y a todos los beneficiarios de los programas sociales para acudir a las urnas con la amenaza de retirarles los programas sociales si no mostraban su dedito manchado. Ningún empleado temporal del gobierno se rebeló y nadie rechazó convertirse en operador político y menos se opuso a llevar a la familia a las urnas… y todo para alcanzar ese ridículo porcentaje de participación… de pena y vergüenza ajena.
Insisto, los votos emitidos no necesariamente son el número de sufragios válidos. Miles de ellos van a ser o deben ser anulados pues esas papeletas fueron espacio para que la gente expresara su frustración, su enojo y rechazo…
Cierto es también que muchas opiniones y descalificaciones van a provenir de gente que odia a MORENA y a la filosofía lopezobradorista, pero ese va a ser el argumento más socorrido de los beneficiarios del poder. Los morenistas no van a aceptar que el rechazo es generalizado y que aquí inicia la decadencia de este sistema de gobierno: los resultados electorales en Veracruz y Durango hablan por sí solos.
Con respeto escuchemos opiniones y emitamos nuestro punto de vista, pero, en términos de porcentajes o mayoría, son más lo que rechazan este asunto que aquellos que lo apoyan y defienden y muchos, no pueden estar equivocados: el proceso electoral del uno de junio fue una estupidez y eso, el tiempo y el sentido común lo van a demostrar,
