Bernardino Vazquez Mazatzi
Escritor y Periodista
La idea y creencia de que Tlaxcala contaba con uno de los mejores, actualizados y modernos sistemas de transporte público de pasajeros, declaración repetida hasta el cansancio por el gobierno, cae por su propio peso ante los viejos, recientes y cotidianos incidentes que dejan como saldo muertos y heridos, así como incuantificables pérdidas materiales.
Esa imagen que las autoridades nos mostraban de unidades de modelo reciente ofreciendo servicio, de especialista dando cursos de capacitación a los operadores y los operativos de la SCTE en los que se vigilaba celosamente el cumplimiento de la ley llegaron a convencernos de que el gobierno en verdad se preocupaba por el usuario y que los concesionarios estaban bajo control.
La realidad es que el ideal oficial dista mucho de la realidad y eso lo podemos comprobar quienes tenemos la necesidad de utilizar y padecer el transporte público, aunque esa es una visión prohibida y lejana para quien tiene automóvil oficial y chofer y se dedica a elaborar estadísticas y resultados a modo en un intento por volver un hecho lo que es realidad en la mente, y detrás de un escritorio no es más que deseo.
Muchas líneas del transporte público, no todas, son una verdadera amenaza para la vida de las personas y cobran con la muerte el subirse a sus unidades, pero son igualmente intocables y por lo mismo, impunes. Son un riesgo permanente para el usuario pero están a salvo de multas, de infracciones o de supervisión. Los compromisos políticos, las cuotas y otros intereses están muy por encima de la seguridad del pueblo. No por nada en tiempos electorales los líderes del transporte apoyan a los candidatos; la factura luego se cobra, pero la paga el usuario.
Empresas como ATAH son un monopolio protegido por el poder pues del poder se sirve y al poder le sirve si finalmente, el mimo poder, actual o anterior, lo conforma y por ende, lo protege. ATAH es una empresa que disfruta de la impunidad que sólo puede ofrecer la complicidad y el reparto equitativo de las ganancias; esa línea de transporte se enriquece de forma desmedida a costa de la sangre, la vida y el dolor de quienes la mantienen.
La autoridad, al menos en este tema y casi de forma generalizada, está del lado de las empresas encargadas de trasladar personas. Los mismos concesionarios lo dicen sin pudor: todo se arregla desde el principio y desde arriba. Por su lado, los operadores, los que aciden a los mal llamados cursos de capacitación, aseguran que esos no son más que charlas intrascendentes en las que incluso se habla de todo, menos de orientación para elevar el nivel de calidad del servicio.
Es sabido pues es dicho por muchos dueños de placas concesionadas, que las famosas revistas, en las que expertos examinan con detalle el estado físico de las unidades no son más que requisitos salvables por unos billetes o de plano, por una simulación si finalmente se hacen como que buscan sin querer encontrar y ven sin reportar o cuestionar. De no ser así, como se explica una o dos llantas lisas en una unidad, las ventanillas inservibles, los asientos en mal estado, las puertas a medio cerrar y un sinfín de deficiencias.
Sólo la autoridad no ve a los choferes que por largos trayectos manejan hablando por teléfono, el lenguaje vulgar y agresivo con el que se comunican, el estridente sonido de discoteque que llevan como de fiesta particular, el distractor que representan sus acompañantes y muchas otras situaciones muy cotidianas y por lo mismo, peligrosas, que se sufren en el transporte público que es de primer mundo sólo para la autoridad.
Asusta la realidad que priva en la mayor parte del servicio público de pasajeros pero indigna además que no haya respuesta ni proyecto de quienes tienen la obligación de actuar en defensa del usurario. Pareciera que les pagamos para dejarnos en la indefensión frente a algunos choferes y concesionarios voraces.
La situación en lo que a transporte público se refiere, en el estado de Tlaxcala, es muy difícil; negarlo nos hace más daño.
