Durante la reunión de coordinación, se firmó el Plan Nacional en el que se establecen las bases para el desarrollo de dicha estrategia en contra de la trata de personas
Redacción
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) firmó el Plan Nacional que lo adhiere a la Operación ROCA II “Rompiendo Cadenas” de Interpol, en el que se busca desarrollar acciones que permitan combatir la actividad delictiva de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, contra niños, niñas y adolescentes, rescatando y brindando atención y protección inmediata a las víctimas.
De esta manera, el Subprocurador Interino de Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, acudió a la reunión en la que se firmó el Plan Nacional, en el que se plasmaron las bases para desarrollar intervenciones policiales efectivas, acciones operativas e investigaciones basadas en información de inteligencia.
Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar a nivel nacional acciones que permitan prevenir y perseguir las actividades delictivas en materia de trata y tráfico de personas, a través de la cooperación en materia policial dentro de las facultades conferidas por la ley a cada institución gubernamental.
A través de este tipo de trabajos conjuntos, se busca fortalecer las habilidades y capacidades de cada una de las dependencias comprometidas a participar en este proyecto nacional, mediante capacitaciones en materias de intervención a víctimas de estos delitos.
Del mismo modo, se tiene como finalidad la creación de un equipo nacional de mando con las autoridades nacionales competentes en el tema; además, se busca implementar buenas prácticas en el rubro de la cooperación policial y utilizar las capacidades de la Interpol.
Estos trabajos resultan efectivos para la detención de sujetos vinculados a estas actividades ilícitas, identificar las rutas del tráfico de personas, su modo de operar, así como la identificación y desarticulación de estructuras criminales.
Con este tipo de acciones, la PGJE ratifica su compromiso de unificar esfuerzos a través de las diferentes instituciones gubernamentales, que permitan combatir frontalmente el delito de trata de personas, y con ello brindar seguridad y justicia a la sociedad.
