Redacción
En sesión ordinaria del Congreso de Tlaxcala, la Legislatura actuaL, aprobó por unanimidad tipificar conductas delictivas conocidas como“cobro indebido”, “gota a gota” y “cobro de piso”, estableciendo sanciones adecuadas para cada una, respondiendo a una de las necesidades que apremiaban a ciudadanos de diferentes municipios.
Esta iniciativa, remitida por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, surge como respuesta al aumento de prácticas delictivas que afectan la economía y seguridad ciudadana, en particular el sistema de cobro “Gota a Gota”. Este esquema se caracteriza por préstamos informales con tasas de interés exorbitantes y el uso de intimidación, una problemática detectada en municipios como Apizaco, Tzompantepec, San Pablo del Monte y Calpulalpan.
Con la aprobación de esta iniciativa, se establece una sanción clara y específica para el delito de “cobro indebido” y sus modalidades. Así, quien obligue a otra persona, mediante amenazas o violencia física o moral, a realizar una acción u omisión relacionada con una obligación civil o mercantil para obtener un pago o beneficio, enfrentará una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa de 2,000 a 3,000 UMAs.
Esta pena se incrementará hasta en una mitad si el delito es cometido por servidores públicos, miembros de empresas de seguridad privada, a través de medios electrónicos, con armas o instrumentos de amenaza, contra menores de 18 años o adultos mayores de 60, desde centros penitenciarios o causando daños, entre otros supuestos.
Asimismo, se sancionará con 1 a 7 años de prisión y multa de 5,000 a 8,000 UMAs a quien, sin autorización de las autoridades financieras, otorgue préstamos o créditos aprovechándose de la necesidad económica o el desconocimiento de las personas, imponiendo garantías o ventajas desproporcionadas. Esta pena se incrementará hasta en una mitad si se emplean medios coactivos, intimidación o amenazas.
También se castigará con 1 a 4 años de prisión y multa de 2,000 a 3,000 UMAs el uso de medios ilícitos o actos de hostigamiento para cobrar deudas civiles o mercantiles. Además, se aplicarán sanciones adicionales si se emplean documentos falsos o se usurpan funciones públicas o profesionales.
Tras la aprobación de estas adiciones al Código Penal del Estado, el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi