Por José Orlando Isidro Ramos
Dirigente Estatal del Movimiento Antorchista en Tlaxcala
En innumerables ocasiones el Movimiento Antorchista ha sido víctima de acusaciones sin fundamento, de falsas imputaciones contra los dirigentes más destacados, con la clara intención de desprestigiar al movimiento ante la opinión pública y, por supuesto, desvirtuar la legitimidad de sus demandas y de su lucha. Aquellos que ven en la organización de las masas populares, empobrecidas, un peligro que atenta contra sus oscuros intereses no han escatimado las acusaciones en su campaña de desprestigio: extorsionadores, corruptos, chantajistas, quita terrenos, rateros, etc., etc., calumnias que alcanzan una cobertura mediática al más alto nivel en la televisión, la radio, el periódico y en la redes sociales (en donde a las mentiras se agregan los más viscerales insultos).
El trabajo recto e integro del antorchismo siempre ha salido avante de la perniciosa andanada de ataques, sin embargo, la verdad no siempre llega a ser del dominio público por lo que la imagen del antorchismo queda estigmatizada por las mentiras que masivamente han vertido a los ojos y oídos de la gente menos informada, dando lugar a una condena a priori ante la exigencia y movilización del antorchismo por atención y solución positiva a sus legítimas demandas, los desinformados toman, sin querer o sin saber, posturas antiprogresistas, inhumanas, antidemocráticas e incluso represivas. Sí, la ciudadanía que no logra ver más allá de sus prejuicios está ciega a la penuria que sufren sus semejantes por falta de servicios como agua potable, energía eléctrica o drenaje; no asimilan que los problemas que plantean los antorchistas son los mismos a los que ellos adolecen, como la inseguridad, la falta de servicios de salud, de educación, de mejores vías de comunicación o de transporte, entre otros. La condena no tiene su origen en las demandas que se enarbolan, la condena es porque “son antorchistas”, no les hace falta más para demostrar su culpabilidad y para justificar la omisión o la represión de la autoridad.
Tratemos el caso de la colonia Independencia, en San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala, para demostrar una vez más que los antorchistas hemos perseguido el progreso y el desarrollo social mediante el trabajo y la concientización de los sectores vulnerables dispuestos a organizarse, y que, si en determinado momento la única vía para seguir avanzando es la manifestación pública se debe a la cerrazón de las autoridades para atender los problemas que están en sus manos resolver, ello no nos hace infractores de la ley ni delincuentes de ningún tipo, por lo que no hay razón para que ni los medios de comunicación, locutores, analistas, comentaristas, comunicadores y la misma opinión pública nos condene.
Entremos en tema. En el año 2007 un grupo de antorchistas adquirieron la parcela ejidal 347 Z-1P/1/3 del Ejido de San Cosme Xaloztoc, municipio de Xaloztoc, para fraccionarla y formar su colonia a la cual nombraron Independencia. El predio referido lo pagaron los interesados con dinero producto de su trabajo y lo justificaron con la escritura pública 67306 de fecha 18 de julio de 2007, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo la partida 1173 a fojas 225 vuelta, de la primera sección, volumen 91 del Distrito de Cuauhtémoc, con fecha 17 de agosto de 2007. Valgan los datos para mostrar que no se trata de una invasión sino de una compra legal en todos los aspectos normativos vigentes.
Una vez propietarios, el grupo procedió a lotificar y a construir sus viviendas, al mismo tiempo que comenzaron a solicitar los servicios públicos necesarios. Como respuesta a su petición de servicios la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) les notificaron la prohibición de construir sus viviendas en virtud de que el predio estaba destinado a Uso Industrial. Pasaron más de dos años y medio en que pararon la edificación de sus viviendas y gracias a la exigencia del grupo el 22 de mayo de 2010 la Secretaria de Gobierno les permutó su parcela por el predio denominado “Predio Rustico” ubicado también en el municipio de San Cosme Xaloztoc, adquirido por el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Induvid) el 14 de agosto de 2009, justificado con la escritura pública 48958 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo la partida 236 , foja 62 vuelta, de la Primera Sección, volumen 98 del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de fecha 2 de septiembre de 2009. Realizado el acto de permuta, el grupo antorchista se dispuso a continuar su proyecto de colonia pues ahora tenían la propiedad de un predio apto para vivienda.
Lo anterior no es sino el principio del viacrucis que han sufrido los antorchistas en Xaloztoc. A finales de 2012, con edificaciones de varias casas, con servicios como el agua potable y energía eléctrica provisional así como varias familias viviendo en el predio permutado, se le notifico a la representación del grupo que estaban demandados junto con la representación legal del Induvid y del Registro Público de la Propiedad y otros dos particulares por vicios en la compra-venta de la parcela por lo que el demandante alegaba mala fe en su adquisición, falsificación de huella digital e incumplimiento a la ley agraria, como lo es el dar a conocer el derecho del tanto a sus familiares y a los demás ejidatarios. Como consecuencia del nuevo alegato el Tribunal Agrario determinó que el predio se quedara en la situación en que se encontraba por lo que no puede realizarse ninguna acción de construcción si los posesionarios no quieren exponerse a una multa o sanción de carácter judicial.
Han pasado nueve años del proceso legal en el que los colonos no han podido edificar sus viviendas, no han podido acceder a servicios públicos ni ser beneficiarios de programas gubernamentales; todos ellos son objeto de descalificaciones como la de invasores, quita terrenos, “antorchistas”; han sufrido amenazas con arma de fuego y derribamiento de sus construcciones sin que alguna autoridad interceda por ellos y si pretenden avanzar son multados por la autoridad agraria. De ese tamaño es el grado de injusticia que se vive en el Estado de Tlaxcala en pleno Siglo XXI.
Pero hay más. En reiteradas ocasiones se ha buscado que el Gobierno del Estado intervenga para dar solución al problema del que es responsable de origen y las autoridades en turno han argumentado que está fuera de sus facultades intervenir ante el Tribunal Agrario, olvidan que son la parte demandada y que los obliga el saneamiento para el caso de evicción (artículos 1585, 1586, 1592 y 1593 del Código Civil del Estado de Tlaxcala) manifestado por escrito en el Contrato de Permuta número 51348, volumen 628 (…). El Induvid y el Gobierno del Estado en su calidad de enajenante tienen responsabilidad al no poder transmitir el derecho que suponía sobre el predio permutado al adquiriente. Es el Induvid el responsable de contestar la demanda pues es quien tiene los medios de defensa por ser el enajenante del bien permutado y que la parte adquiriente no puede responder hasta después de la fecha del contrato de permuta, sin embargo, los derechos de terceros se presumen anterior a ella, así que tampoco es responsabilidad de los antorchistas presentar pruebas, pagar los gastos legales y ganar el juicio, aunque también aparezcan entre la parte demandada.
La omisión gubernamental ha sido dolosa con los afectados por su militancia social, “son antorchistas”, pero esa posición tiene sus implicaciones legales pues al no hacer frente a la demanda rindiendo pruebas para hacer defensa de su causa (artículo 1594 del C.C. del Estado de Tlaxcala), está obligado al saneamiento por evicción con las agravantes por proceder de mala fe, ante tal situación los antorchistas exigen, amparados en la ley, un predio en condiciones semejantes, en el que se repongan los trabajos e inversiones económicas ya realizadas (Artículo 1937 del C.C. del Estado de Tlaxcala) y se dote de los servicios públicos para poder vivir con sus familias, obligación ineludible del gobierno estatal. La gente con un mínimo de bonhomía puede ver que no hay nada reprochable en la petición de los antorchistas, sobre todo ahora que exponemos sus padecimientos y su tortuoso peregrinar.
Inicia una nueva administración de gobierno que pretende hacer una transformación en el Estado de Tlaxcala, los antorchistas consideramos que en efecto, hace falta una transformación pero esta no debe ser en el discurso, tolerando la impunidad o actuando al margen de la ley sino todo lo contrario. Les asiste la razón y el derecho a los antorchistas de la colonia Independencia y su militancia no puede ser motivo para discriminarlos o condenarlos, esta es una buena oportunidad de demostrar que el gobierno de la transformación se rige por principios de ley y de justicia y que los antepondrá siempre por encima de la calumnia y la denostación. Y, la opinión pública tiene la oportunidad de hacerse de un criterio más sensato si conoce con profundidad los problemas que sufren los antorchistas, como el ya referido. Seguramente, en muchos casos, nos veamos identificados.
