Las afectaciones por el sismo de hace una semana y dos días se siguen manifestando de manera característica en Tlaxcala. Aquí no hubo daños materiales graves ni mucho menos pérdida de vidas, pero sí confusión, rumores y razones válidas.
Sin duda el multicitado caso del derrumbe del Colegio Rébsamen en Ciudad de México caló hondo en la sociedad, con todo y la farsa mediática del rescate de “Frida Sofía” cultivado temerariamente – en pos del rating – por Televisa, que todavía tiene cautivos a millones de televidentes.
No pareciera tener relación, pero ahora muchos padres de familia en Tlaxcala tienen un temor fundado de que una escuela en supuestas, posibles o evidentes malas condiciones estructurales sea un riesgo para sus hijos.
Por encima o muy por encima de la opinión que puedan emitir los especialistas del ITIFE en la revisión de las instituciones educativas, cualquier grieta, desprendimiento de material o daño a la vista, preocupa de manera entendible a cualquier papá o mamá.
Sin embargo, también es cierto que entre la información (o desinformación) de las listas que emite la SEPE a diario de las escuelas que pueden reiniciar clases, de los rumores y del teléfono descompuesto, se ha creado una especie de sicosis de que cualquier escuela está en peligro de derrumbarse por cualquier agrietamiento aunque su estructura no esté comprometida.
Por eso es que en al menos cinco escuelas de distintos municipios – hasta el miércoles –, los paterfamilias se habían negado a regresar a las actividades pues consideraron que no había plenas garantías de operación y justificadamente la vida de sus hijos no puede ponerse en juego.
Aunque la víspera el Secretario de Educación de Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, declaró que el retorno a las clases “ha sido exitoso” tras la emergencia sísmica, lo cierto es que no todo ha sido miel sobre hojuelas porque en cada caso particular, los tutores parecen no tener plena confianza en los dictámenes a cargo de la autoridad y otros problemas podrían suscitarse en el corto plazo, lo mismo en instituciones públicas que privadas, principalmente del sector inicial y básico.
Por eso, las autoridades educativas y sus especialistas están más que obligados a no intentar timar a los padres y muchos menos a los alumnos con dictámenes al vapor o, peor aun, que sean apócrifos, pues lo que está de por medio son vidas humanas, ni más ni menos. Eso también va para las escuelas particulares, las cuales tienen que procesar por sus propios medios la inspección y el dictamen legal de las condiciones de su infraestructura.
Pero también, debe mediar la responsabilidad de los comités de paterfamilias para que sus demandas justificadas no se desvirtúen y solo tengan el propósito de acceder al dinero que está disponible en un fondo de la Reforma Educativa para reparaciones y que va de 25 mil a 250 mil pesos por centro escolar… hasta la próxima.
