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El movimiento de pancartas se ha extendido a escuelas públicas y particulares
No se respeta el protocolo de actuaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes
Martha Aguila
A raíz del movimiento feminista en México, el impacto de denunciar a los acosadores sexuales llegó a la UAT pero también se extendió a escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior, con lo dejó entrever la falta de protocolos para atender este tipo de situaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).
Tras las manifestaciones de estudiantes de las facultades del CEA, Odontología, Filosofía y Letras y Medicina de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el pegado de cartulinas con denuncias de acoso sexual también se replicó en el Instituto Independencia, el Colegio Esperanza y otros bachilleres públicos como el Cbtis 3, pero sin haber trascendido a la esfera pública.
Las movilizaciones estudiantiles tomaron por sorpresa a las autoridades educativas, y esto evidenció que no cuentan con un protocolo para atender a las estudiantes, que a través de la protesta dieron a conocer que sucede al interior de las aulas.
El movimiento social también hizo denunciar presuntos abusos sexuales en escuelas primarias, como lo hizo una madre en el municipio de Tzompantepec, pero de igual forma, el personal directivo no tenía ni la más mínima idea de qué hacer en este caso, sobre todo para proteger los derechos de la infancia y datos personales de la víctima, con que lo que se viola la Ley de Víctimas del Delito, muchos menos tienen seguimiento psicológico para salir de este suceso.
Lo mismo se registró en una primaria de Teolocholco la semana pasada, donde el director y supervisor intimidaron a los padres de familia, y solo una madre interpuso su denuncia, aun cuando siete niñas manifestaron que las autoridades educativas las dejan solas con los jóvenes que realizan su servicio social y uno las tocó.
En los primeros meses del año, no solo la lucha de las mujeres ha evidenciado la ineficacia del sistema, pues el Secretario de Educación, Florentino Domínguez Ordóñez, también enfrenta la falta de estrategias de seguridad en las escuelas de educación básica, para prevenir el ingreso de armas por los alumnos a las aulas.
Es de recalcar, que es la Secretaría de Educación Pública la responsable de no respetar el protocolo de actuaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, pero también faltan peritos en psicología infantil y pediatría infantil con los que no cuenta el Estado, de ahí que se solicite apoyo en otros estados o la propia fiscalía cuando existen este tipo de denuncias.
Si bien existen manuales de seguridad escolar, en los hechos, la SEPE está rebasada ante estos escenarios, lo que significa un foco rojo que debe ser atendido, por albergar la parte más sensible de la sociedad que son los niños y jóvenes.
Ahora, con la ampliación del periodo vacacional de Semana Santa para prevenir el contagio del Conavid-19, los movimientos sociales que estallaron en las aulas se calmarán, pero el antecedente resulta una tarea del sector educativo.
