Redacción
Al poner en marcha la reunión de trabajo para reactivar el análisis y discusión del proyecto para la expedición de la Ley General de Aguas, la Senadora Ana Lilia Rivera destacó que una causa determinante de las crisis del agua que actualmente se enfrenta, es el ejercicio discrecional de la autoridad, permitido por el actual marco jurídico.
Recordó la también Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, que, en efecto, la Ley de Aguas Nacionales, de enfoque eminentemente neoliberal, fue un requisito para la firma del TLCAN y tuvo como objetivo principal la concesión de las aguas, propiedad de la nación, y no su tratamiento como un bien fundamental. Con esta ley se estableció la Comisión Nacional del Agua como autoridad rectora en la materia, que es juez y parte en el otorgamiento de concesiones y que carece de mecanismos de rendición de cuentas sobre las funciones que concentra en temas de inspección, vigilancia y fiscalización.
La Senadora Ana Lilia Rivera compartió que el 70% del volumen de aguas concesionarias están en manos de 2% de los titulares, mientras que 25 millones de mexicanos solo tienen acceso al agua en su vivienda o terreno cada tercer día o dos veces a la semana; 17 millones adicionales viven en una situación de aún mayor precariedad. Adicionalmente, la mayor parte de la población del país depende de las 114 cuencas y 115 acuíferos que han sido sobre concesionados, y 60% de nuestros cuerpos de agua sufren de contaminación.
” Las leyes estatales han permitido que los gobernadores, a través de sus comisiones locales, dediquen los recursos estatales y federalizados a grandes obras hidráulicas insostenibles. Asimismo, estas leyes han amparado arreglos opacos para la privatización de los sistemas municipales. Este problema de corrupción e ineficiencia se reproduce de igual forma en el ámbito municipal, en donde, en muchos casos, los recursos de los organismos encargados de los servicios de agua y saneamiento terminan financiando campañas electorales, por mencionar solo alguno de los graves vicios que se presentan.”
Añadió Rivera Rivera que desde la coordinación del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México, se ha coadyuvado para lograr que el Poder Legislativo Federal supere la moratoria que mantiene desde hace más de una década respecto a su obligación de expedir la ley reglamentaria del sexto párrafo del artículo 4º constitucional en la que se priorice el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y accesible.
Finalmente, la Senadora tlaxcalteca manifestó su beneplácito, por darse cita para retomar los trabajos en la materia, y destacó que el tiempo apremia y se tiene la oportunidad histórica de legislar para que el derecho humano al agua sea una realidad universal. De esta manera las generaciones futuras lo agradecerán.
Participaron en esta reunión la Senadora Gloria Sánchez Hernández, Secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado; el Senador José Narro Céspedes, Secretario de la Mesa Directiva del Senado; Elena Burns, Asesora en materia de agua en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República; Pedro Moctezuma, Coordinador General del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM; y Aleida Tovar, integrante de la Secretaría técnica del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México.
