Guadalupe Morales Islas
En respuesta a la inconformidad de diversos sectores sociales de la comunidad de San Pedro Muñoztla, perteneciente al municipio de Chiautempan respecto a que la convocatoria para la elección de su próxima autoridad local limita o impide la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que exhorta al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a garantizar la participación igualitaria de ambos géneros.
En un mensaje público a la comisión electoral de Muñoztla, un grupo de ciudadanas dice “a las mujeres nos volvieron invisibles” porque en la convocatoria para elegir nuevo presidente de comunidad hay una cláusula que señala que para poder participar como candidato al cargo el aspirante debe presentar una lista de cargos eclesiásticos donde demuestre haber sido mayordomo en una ocasión y tres como integrante de alguna mayordomía”
El problema es que esos cargos religiosos son ocupados sólo por hombres y como no hay mayordomas, prácticamente están impedidas a participar como candidatas o futuras autoridades civiles.
La CEDH en su pronunciamiento hace un recuento de las leyes que garantizan los derechos de hombres y mujeres de participación en igualdad de oportunidades y condiciones y recuerda que estas leyes prohíben toda discriminación por cuestiones religiosas, de preferencias sexuales, étnicas, económicas y de edad entre otras.
Por ello y si bien esta instancia vigilante del respeto a las garantías individuales pide que no se vulneren los usos y costumbres de los pueblos, se pronuncia porque el ITE dentro de sus facultades garantice la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral del 4 de diciembre, fecha en que la comunidad elegirá a su autoridad, pero en un marco de libertades e igualdad.
Y es que vecinos de Muñoztla pidieron a la CEDH su pronunciamiento pues consideran que las bases de participación tienen el objetivo de obstruir el derecho de las mujeres y de algunos varones interesados pues las bases no toman en cuenta las capacidades, estudios, profesiones o conocimientos de la administración pública y sólo se centran en lo religioso, como si la convocatoria tuviera dedicatoria para personas en particular y para las mujeres en general.
