Gerardo Santillán
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), Jackqueline Ordóñez Brasdefer, informó que la institución ya intervino en la queja de cuatro personas privadas de su libertad en el CERESO de Apizaco, quienes el fin de semana anunciaron una huelga de hambre y que el domingo suspendieron.
Explicó en entrevista colectiva que la inconformidad se debe a que hubo una resolución jurisdiccional respecto al dictado de su sentencia, así como algunas anomalías en cuanto a su estancia en el Centro de Reinserción Social.
Dijo que ya entablaron pláticas con ellos y sus familiares, así como con el titular de las penitenciarías del Estado, para mejorar las condiciones en que se encuentran los reclusos, lo que permitió que los inconformes ya no llevaran a cabo la huelga de hambre. Además, se abrió el expediente de queja CEDHT/CVG/28/2022.
En cuanto al caso del supuesto suicidio de un detenido en la prisión preventiva de la Comisaría de Seguridad Pública de Apizaco el pasado viernes, la ombudsperson indicó que se dio el acompañamiento de oficio a la familia en las diligencias de levantamiento y conocimiento de cadáver, así como de entrega del cuerpo, en observancia de los actos de la autoridad.
Ese trámite continúe hasta que se desahogue todo el tema legal y se deslinden las responsabilidades correspondientes, aunque el mismo viernes la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un comunicado en el que confirmó que, derivado de las investigaciones en el lugar, se determinó que el joven se ahorcó así mismo.
En ese tenor, Ordóñez Brasdefer dio a conocer que de la recomendación general emitida a los 60 ayuntamientos sobre las observaciones a sus centros detención provisional, el avance de acatamiento a las mismas es del 47 por ciento, pues algunas comunas sí las han tomado en cuenta y otras no.
