Reposición del proceso en caso del feminicidio de Estefani Hernández, revictimiza a la familia, denuncian ONG’s
En octubre del presente año se notificó a la familia sobre la resolución para Reponer el proceso de la etapa de Juicio Oral, como respuesta al Amparo presentado por la defensa del presunto feminicida, Luis David N.
Zahr Zuleiman/Redacción
La reposición del proceso es una forma de revictimización a las familias de víctimas de feminicidio, afirmaron activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, respecto al caso de Estefani Hernández, asesinada el 3 de diciembre de 2021 en el Estado.
Integrantes de las organizaciones sociales Colectivo Mujer y Utopia A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en respaldo a la familia de la víctima, expusieron su inconformidad por los hechos suscitados a la fecha.
Y es que, después de casi tres años de enfrentar un proceso penal y de finalizadas las audiencias para obtener una sentencia de 64 años y dos meses en 2024, en octubre del presente año se notificó a la familia sobre la resolución para Reponer el proceso de la etapa de Juicio Oral, como respuesta al Amparo presentado por la defensa del presunto feminicida, Luis David N. por violación al debido proceso.
Lo anterior, al no cumplir con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al tiempo entre las audiencias, y que en el caso de Estefani se excedieron los 10 días hábiles que el código prevé.
“En México han persistido prácticas institucionales que violan el debido proceso, a pesar de que desde sociedad civil y quienes acompañamos a las familias victimas del feminicidio nos hemos pronunciado para que las autoridades garanticen el cumplimiento de los tiempos establecidos para el desahogo de las audiencias; sin embargo, esto no siempre se cumple, propiciando que el proceso dure años”.
Señalaron que las malas prácticas de las autoridades que tienen como resultado la reposición de un proceso que ha implicado años de impactos y acumulación de daños para las víctimas, es la evidencia de las deudas institucionales para garantizar a las víctimas del feminicidio el acceso a la justicia, la no revictimización, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición.
“Por ello nos pronunciamos para que las autoridades garanticen la debida diligencia en todo momento en los casos de feminicidio, la prontitud en los procesos que no le signifiquen la acumulación de daños emocionales, físicos, económicos, laborales, familiares y sociales”.
