Obligará al Estado a fortalecer la recaudación con la tenencia vehicular y el impuesto predial.
Martha Aguila
La reducción de los convenios de descentralización y de reasignación así como de las transferencias del Ramo 23, ha generado que Tlaxcala sea una de las entidades más afectadas, estrategia que busca la lucha contra la corrupción pero también que fortalezca sus ingresos propios.
Este lunes, el periódico de circulación nacional Excelsior publicó la nota “Cierran la llave de recursos a los estados”, en la que explica que en el primer bimestre del año, el Gobierno Federal transfirió 12 mil 770 millones de pesos a las entidades federativas en rubros que están sujetos a negociación política.
Dicha cifra es la más baja en 11 años para un mismo periodo y que implicó una caída de 52.8 por ciento en términos reales al primer bimestre de 2018, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda, y al interior de las mismas tuvieron una baja considerable en los convenios de reasignación, que con 20 millones de pesos tuvo una reducción de 99.3 por ciento.
Mientras que los subsidios del Ramo 23, que registraron 632 millones de pesos implicó un descenso de 93.2 por ciento real, pero las menos castigadas fueron los convenios de descentralización con un retroceso de 18.4 por ciento.-
En el caso de Tlaxcala con estos conceptos su reducción es de 97.6 por ciento, pero en este escenario también se encuentran la Ciudad de México, Quintana Roo, Campeche y el Estado de México.
En la misma publicación, Kristobal Meléndez, Coordinador de Finanzas Subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que la baja de dichas transferencias se enmarca en las acciones contra la corrupción de la actual administración.
Lo anterior, por carecer en muchas de las veces de la debida transferencia y la reducción obligará a los estados a fortalecer su recaudación con la tenencia vehicular y el impuesto predial, temas que se discutirán en la próxima Convención Nacional Hacendaria.
Aunque las transferencias sujetas a negociaciones entre gobernadores y la federación, no están reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal, ya desde el Paquete Económico 2019 se propusieron eliminarlas.
Sin embargo, dichos convenios muchas veces carecen de transparencia y rendición de cuentas, que no son de fácil consulta ni de fácil seguimiento, y apenas la Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizar el ejercicio de los recursos comprometidos.
