¿Quién defiende nuestros derechos en la Cuenca del Alto Atoyac?

Centro Fray Julián Garcés

El 21 de marzo de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió la Recomendación No. 10/2017 sobre la violación a los derechos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, en la Cuenca del Alto Atoyac*, sin embargo el papel de dicho organismo público no ha sido, hasta la fecha, el de un real defensor de los derechos de las comunidades que estamos siendo afectadas por esta grave devastación socioambiental, por ello, reiteramos nuestra exigencia de que, como le corresponde, actúe a profundidad y con la urgencia y compromiso que amerita. 

En julio de 2011 integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida y del Centro Fray Julián Garcés, interpusimos una Queja ante la CNDH por los efectos de la contaminación en la población, generados por los corredores industriales en la Cuenca del Alto Atoyac, específicamente las enfermedades y muertes. La Recomendación 10/2017 se emitió seis años después, siendo significativa al establecer que, efectivamente, existe una relación entre la contaminación y las enfermedades en la zona: “las altas concentraciones de contaminantes químicos y biológicos que son descargados a los Ríos Atoyac y Xochiac, y sus afluentes, provenientes tanto de descargas de carácter municipal como industrial; además de la degradación ambiental que conlleva, tiene severas repercusiones contra la población humana, cuya salud se ve comprometida por la exposición a contaminantes de origen químico o biológico” (punto 205. Página 118 de Rec.). 

El mismo año de su emisión las autoridades federales, estatales y municipales recomendadas aceptaron el contenido del documento, lo que no significó una atención real al problema, sino, en gran medida una simulación inaceptable. Por nuestra parte, desde las comunidades, elaboramos una Propuesta Comunitaria para el Saneamiento Integral de la cuenca del Alto Atoyac que hemos presentado en diversos espacios ante autoridades de los diferentes niveles. 

A cinco años de la recomendación, si bien se ha establecido un Grupo de Coordinación Interinstitucional primordialmente federal -resultado no de la Recomendación sino del proceso de denuncia en el Toxitour México 2019-, donde estamos participando, lo cierto es que la CNDH no ha sido una institución activa que realmente proteja los derechos de la población, ni el cumplimiento de su propia Recomendación, sino por el contrario: en octubre pasado, dentro de un Foro de consulta sobre el cumplimiento de la Recomendación citada, convocado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, la CNDH se centró en resaltar que la labor de las instituciones recomendadas eran un ejemplo en la materia.

Si bien al momento se muestra cierta voluntad por parte de las instancias federales recomendadas, lo cierto es que la participación gubernamental estatal y municipal aún no se perfila de manera adecuada, mientras que las respuestas de atención a la Recomendación han sido una serie de oficios validados por la CNDH sin que indague sobre la efectividad de las acciones, por lo que su seguimiento es meramente administrativo sin convocar a un diálogo consistente con las comunidades afectadas. 

Cabe referir que el Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, ha señalado claramente que “los derechos al agua, al saneamiento, al medio ambiente sano y a la salud han sido y siguen siendo gravemente afectados por la industrialización y la urbanización en la Cuenca Atoyac; se trata de derechos interdependientes plenamente reconocidos en todo el mundo y en México” esto con base en el XIX informe del Centro Fray Julián Garcés. Es claro que nuestros derechos están siendo gravemente violentados lo cual está plenamente sustentado en la propia Recomendación 10/2017 por la CNDH con información de instituciones públicas, así como nuestro aporte y el sustento académico que a lo largo de años se ha documentado. 

Con todo lo anterior, consideramos imperante una participación activa de la CNDH, y dada su errada actuación, desde el 15 de octubre de 2021, enviamos una solicitud de reunión con la Presidenta de ese organismo, Rosario Piedra Ibarra, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta.

La población requerimos de la garantía de nuestros derechos, por lo que demandamos la participación comprometida de la CNDH retomando lo que el artículo 139 de su Reglamento Interno señala: “Una vez expedida la recomendación, la competencia de la Comisión Nacional consiste en dar seguimiento y verificar que ella se cumpla en forma cabal”. 

Por tanto, urgimos un seguimiento puntual y profundo al cumplimiento de la Recomendación que hoy, a cinco años de su emisión, sigue claramente sin cumplirse.