Imposible no subirse al tren de la indignación y el enojo por los ataques que han sufrido periodistas en diferentes estados de la República, que han hecho de México el país del mundo sin guerra más letal para los periodistas: 33 en lo que va del sexenio peñista y 105 del 2000 a la fecha.
En muchos espacios periodísticos nacionales y locales ya se ha hablado de que los discursos presidenciales que anunciaron “medidas de protección” para los trabajadores de los medios de comunicación, pero también para activistas y defensores de derechos humanos que de igual forma han sido asesinados. Igualmente de que lo que se requiere justicia porque la impunidad genera más violencia. Y que lo mismo el narcotráfico que el poder político, este último por acción u omisión, son quienes han atentado contra la libertad de expresión con sangre.
Pero Tlaxcala no está en una burbuja. Si bien no existen casos extremos como en Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Jalisco o Chihuahua donde han matado periodistas, sí ha habido ataques a la libertad de expresión no solo con intimidación física, sino política y también por la presión de los convenios de publicidad de los entes públicos.
Ataques de miembros de la CNTE a reporteros durante sus marchas, de una exdiputada federal panista que exigió revelar sus fuentes a otros, la cancelación de convenios de comunas o desde el propio Poder Legislativo para intentar dar línea, son solo algunos ejemplos que quienes están dentro del medio conocen y que de alguna u otra forma representan la represión de la libertad de expresión.
Pero lo que nos parece más grave es que las agresiones contra los reporteros y periodistas – que sí hay diferencia – se normalicen, es decir, que se supongan algo común y permeen en cualquier parte y en cualquier nivel. Ya ha habido bromas de policías o servidores públicos que dicen: “ya ves lo que les pasa por meterse”.
En política “la forma es fondo”, de allá para acá y de acá para allá, así como “en la forma de pedir está la de dar”. Pero no debemos esperar el Estado de instituciones ni el gremio periodístico, a que en Tlaxcala alguien quiera aprovecharse de la coyuntura nacional para intentar someter a la prensa, a sus representantes y más aun a los ciudadanos que se informan y aspiran a una sociedad más democrática.
Así que más vale prevenir y desde el Gobierno del Estado tomar medidas de prevención y protección siempre listas que se repliquen en el resto de niveles y poderes gubernamentales, al tiempo que la propia prensa trabajar para profesionalizar su labor y sobre todo dignificarla ante estos tiempos tan difíciles.
