Aquiles Córdova Morán
El 29 de enero de 2020, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, envió al Congreso del
Estado una “Iniciativa de Decreto para reformar el artículo 190 bis del Código Penal del Estado, cuya redacción original decía así:
“Artículo 190 bis.- Al que a sabiendas de que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente preste el servicio público de transporte o del servicio mercantil, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario.
“Igual sanción se impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios.”
El gobernador justifica así su iniciativa: “Lo anterior a efecto de considerar una penalidad mayor a la actualmente establecida, considerando que, además de que esos actos ilícitos afectan el patrimonio de las víctimas, también se vinculan con otros delitos como violaciones, lesiones y homicidios.”
Pero es evidente que para que tales argumentos sirvan realmente de apoyo a un incremento severo de las penas, debe probarse que los redactores anteriores de la ley no tomaron en cuenta, o lo hicieron insuficientemente, los daños que ahora se esgrimen, y presentar, además, cifras confiables sobre la incidencia de delitos graves en el transporte irregular contrastándolas con las del transporte legalizado. Nada de eso se encuentra en los considerandos de la iniciativa del gobernador.
Se deja claro que la reforma pretende proteger “el patrimonio de las víctimas”; y también, de acuerdo con el considerando XII, “Que además de constituir un peligro a la seguridad de los usuarios del transporte público y de los servicios auxiliares especialmente mujeres y grupos vulnerables, representa también una competencia desleal a quienes, de manera legítima y tras haber realizado erogaciones a favor del Estado, sí son titulares de concesiones o permisos para prestar dicho servicio en sus distintas modalidades.” Es decir, que “las víctimas” que defiende el gobernador no son solo los usuarios vulnerables, sino también los grandes concesionarios que padecen la competencia desleal de los “piratas” y que han hecho “erogaciones a favor del Estado.” Sobre la seguridad de los usuarios, ya señalamos la falta de pruebas y cifras confiables; pero todavía podemos añadir que los datos sobre delitos cometidos en el transporte público revelan que la incidencia es mayor en el transporte concesionado que en el “pirata”, primero, porque el número de unidades es normalmente mayor; segundo, porque la delincuencia no distingue entre vehículos legales e ilegales al atacar.
En vista de esto, solo queda en pie la defensa de los grandes concesionarios frente a la “competencia desleal” de los irregulares y, como razón adicional para defenderlos, que “han realizado erogaciones a favor del Estado”, aunque no se trata de erogaciones gratuitas, sino
del pago obligatorio que todo ciudadano debe cubrir a cambio de un permiso para explotar
un bien tangible o intangible de la nación. Todo mundo sabe, además, que en Puebla y en
el país entero el negocio del transporte público y de los servicios auxiliares está en manos
de unos cuantos grandes tiburones, propietarios de cientos y aun de miles de vehículos y de
grúas, en manos de los llamados “pulpos” camioneros, que se llevan la parte del león. No
hay que ser un genio, pues, para darse cuenta que es a estos poderosos caballeros a los
que en realidad defiende la iniciativa del gobernador Barbosa. Son ellos los que se quejan
de la “competencia desleal” de los modestos trabajadores del volante que no han
encontrado otra forma de ganarse la vida en un estado donde campan por sus respetos el
desempleo y la pobreza. Y como esta “competencia desleal” ha resistido hasta hoy todo,
incluidas las sanciones legales, se impone la necesidad de penas mayores, realmente
intimidantes, para acabar con ella. Este es el meollo de la reforma barbosista.
Pero veamos lo hecho por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del
Congreso poblano en obsequio de su verdadero jefe, el gobernador del estado:
DECRETO
“Artículo 190 bis.- Se les impondrá de ocho meses a seis años de prisión y multa de cien a
quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA, que equivale a 86.88 pesos
para este año según el INEGI. ACM) a quien:
“I) Siendo propietario de un vehículo preste el servicio público de transporte, servicio
mercantil, servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento, a sabiendas de que no cuenta
con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente.
“II) Siendo propietario o poseedor de un inmueble, preste el servicio público de depósito de
vehículos, a sabiendas de que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la
autoridad competente.
“Además, se sancionará con el decomiso del vehículo utilizado en la comisión del delito, así
como con la suspensión de uno a diez años o la cancelación definitiva de la licencia para
conducir, expedidos (sic) por la autoridad competente.
“Si en la comisión delictiva (¡sic!) interviene un concesionario o permisionario, un socio o
representante de una persona jurídica concesionaria o permisionaria para el servicio público
de transporte, servicio mercantil, servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento o
depósito de vehículos, las penas que correspondan se incrementarán desde una tercera
parte hasta dos terceras partes, independientemente de las sanciones administrativas a que
haya lugar.”
La sanción sube, pues, de los tres meses a tres años de la legislación anterior, a entre ocho
meses y seis años de cárcel en la actual. Igual pena se establece para los dueños u
operadores de grúas y para los dueños de inmuebles que funcionen como “corralones”.
Además, se les decomisará el vehículo correspondiente y se les cancelará la licencia de
manejo por diez años o para toda la vida. Finalmente, si el delito es cometido o auxiliado por
una persona física o moral que sí cuente con permiso, la pena subirá en uno o dos tercios
más, a juicio de la autoridad, o sea, a ocho o diez años de cárcel. ¡Nada más, pero nada
menos!
Todavía no acabamos. Barbosa ya había amenazado a los antorchistas con investigarlos
por todo “el transporte pirata que manejan”, así como por los terrenos que ilegalmente
detentan. La amenaza se dio en el marco de la lucha del Movimiento Antorchismo Poblano
(MAP) por conquistar su derecho a registrarse como partido político local, cosa que Barbosa
tampoco está dispuesto a “tolerar”. Se trata, pues, de una amenaza cumplida que busca
privar del derecho al trabajo, y por tanto a la vida, a varios cientos de modestos trabajadores
del volante y dueños de grúas y “corralones” en todo el estado, cuyo verdadero delito es
militar en las filas del MAP. Y hay que aclarar que su situación irregular no obedece a falta
de voluntad para cumplir con la ley y para “realizar erogaciones a favor del Estado”, sino a
la colusión de las autoridades con los poderosos pulpos del transporte para poner toda
clase de trabas a esa regularización. Se trata de la lucha feroz por el cliente, en la que los
más débiles llevan las de perder, como lo prueba la reforma barbosista.
El gobernador cree, o finge creer, que los pequeños transportistas y gruyeros que militan en
el MAP son simples prestanombres de los líderes antorchistas, los verdaderos dueños del
negocio. Con su iniciativa busca erradicar el “sucio negocio” y así debilitar la lucha de los
antorchistas para convertirse en partido. En su ceguera represiva, le tira a la cabeza del
MAP pero le pega en el estómago a los miles de trabajadores que se ganan la vida
transportando pasajeros o manejando grúas. Nosotros sabemos bien que al mismo tiempo
que golpean brutalmente a los simpatizantes del MAP, llaman al resto de los irregulares
para ofrecerles la rápida regularización (o al menos la tolerancia de siempre), a cambio de
que dejen solos a los “antorchos” y comprometan su voto en favor de Morena para el 2021.
Este es el verdadero fondo de la reforma barbosista.
Gobernador y diputados se olvidan de que, según el CONEVAL, el 58.9% de los poblanos,
es decir, 3 millones 763 mil personas, viven en la pobreza; que Puebla es la segunda ciudad
con más pobres en todo el país, solo después de Ecatepec, Estado de México; que es,
además, la sexta ciudad con más pobreza extrema, es decir, que 64 mil 586 habitantes de
la capital del Estado sufren hambre crónica gracias a las políticas que en el pasado los
discriminaron y dejaron en el abandono. Esa gente confió en Morena y en el gobierno
morenista del país y de Puebla para remediar su situación, pero hoy solo recibe represión,
persecución y cancelación de oportunidades de trabajo por razones “jurídicas” que, por
supuesto, ni a ellos ni a ningún mexicano le van a llenar el estómago.
Y peor aún: se les hace víctimas de una venganza política por causas de las que no son
responsables y que, además, saben bien que son derechos elementales del pueblo que
Barbosa debe respetar y hacer que otros respeten y cumplan. Con la abusiva y brutalmente
represiva reforma al artículo 190 bis, diputados y gobierno de Puebla le echan leña a la
hoguera del descontento popular, que crece día con día por todo el país y que, al parecer,
ellos son los únicos que no lo notan o que les importa un reverendo cacahuate. El tiempo
dirá la última palabra.
