Redacción
Durante la décima cuarta sesión ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, las diputadas Diana Torrejón Rodríguez y Lorena Ruiz García, así como el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso local, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Con esta iniciativa, las y el legislador buscan impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público en cualquiera de los tres órdenes y niveles de gobierno y/o permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las y los tlaxcaltecas.
Es importante señalar, que estas modificaciones, tienen como finalidad armonizar la legislación local, conforme a lo aprobado por el Congreso de la Unión respecto a la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público.
Asimismo, esta iniciativa coloca en el centro la posibilidad sustantiva de un nuevo paradigma en el quehacer político y criterios más amplios con que se miden la honorabilidad, la honestidad, la eficiencia y la responsabilidad institucional.
De esta manera, Diana Torrejón Rodríguez, Lorena Ruiz García y Juan Manuel Cambrón Soria proponen adicionar las fracciones IX, X y XI al artículo 35; las fracciones XI, XII y XIII al artículo 60; las fracciones IX, X y XI al artículo 74; y las fracciones VIII, IX y X del artículo 83; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Dicha iniciativa, es una acción conjunta entre el Congreso local y la sociedad civil organizada del Estado, la cual fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
