Los hechos ocurridos el domingo y lunes pasado en Tlalcuapan, deben prender las alarmas en materia de seguridad en el municipio de Chiautempan y reforzar la coordinación tanto con otras corporaciones como la Policía Estatal, como con las autoridades encargadas de procuración de justicia.
Los vecinos vigilantes son una atinada estrategia ciudadana para inhibir los actos delictivos comunes en la medida que las policías locales no tengan toda la capacidad para cubrir su perímetro, pero también es un hecho que esos nobles voluntarios – en su mayoría – no pueden pretender hacer justicia por su propia mano porque irremediablemente cometerían un delito, desde aquel que incite al resto como aquellos que ejecuten el linchamiento.
Por el bien de la paz social, ese episodio de violencia debería quedar en un hecho aislado, pero eso también dependerá de que el ladrón responsable de alterar la calma en la población sea castigado y no reine la impunidad, lo cual corresponde al Ministerio Público.
Pero igualmente importante es que las autoridades comunales, por más que sean elegidas por usos y costumbres en muchos casos, se deben ciertamente a sus vecinos, pero su actuar en apego a la Ley debe ser irrestricto y no pueden entorpecer la acción de la justicia como fue en Tlalcuapan que no se permitieron las diligencias en torno al vehículo que fue quemado.
Al mismo tiempo no estaría de más que nuestras autoridades municipales nos informaran en qué nivel de capacitación y controles de confianza se encuentra la fuerza pública de un centenar de efectivos, pues el pasado sábado protagonizaron un zafarrancho en la comunidad de Xaxala por la incapacidad de detener a un joven que supuestamente escandalizaba en una fiesta infantil, lo cual al final no resultó cierto porque los uniformados decidieron retirarse sin concretar ninguna acción.
