Daniel Casas
Por violación grave a la Constitución Política y a la Ley Municipal, ejercer violencia política en razón de género y trastornar el funcionamiento del ayuntamiento de Ayometla, las regidoras Lizeth Meza Saucedo y Cecilia Morales Meza, así como la presidenta de comunidad de Tlapayatla, Madeline Ortiz, solicitaron al Congreso del Estado un juicio político y revocación de mandato en contra de la presidenta municipal, Maribel Meza Guzmán.
Asimismo, se pronunciaron porque el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) resuelva el expediente TET-JDC-063/2022, interpuesto desde junio pasado de este año, en contra de la misma alcaldesa y otros funcionarios municipales, por la suspensión de salarios y aplicar diversas sanciones que van en contra de sus derechos fundamentales.
En conferencia de prensa, las dos regidoras y la presidenta de comunidad acusaron que la alcaldesa les atribuye diversas conductas y acciones que no están descritas dentro de la Ley Municipal, tales como supuestas inasistencias a actos cívicos y de revisión de acciones, e incluso no atender a la ciudadanía en horarios fijos, situaciones por las cuales promovió en el Cabildo la imposición de una sanción consistente en una multa de 30 días de salario, con apercibimiento de que no pagarlo aplicaría mecanismos coactivos de cobro.
De hecho, denunciaron que mediante tres oficios fechados con 30 de junio, se les informó que la presidenta municipal decidió hacer efectivo el apercibimiento, y violando la legalidad ordenó la retención de los sueldos quincenales hasta en tanto se cubriera la multa impuesta.
No solo eso, sino que el pasado 30 de agosto en sesión de Cabildo fueron suspendidas de sus cargos de regidoras por un periodo de 60 días sin goce de sueldo, dejando pendiente la sanción a la presidenta de comunidad.
“Por supuesto que lo anterior es contrario a la Constitución, pues de acuerdo con el nuevo régimen de sanciones previsto en la Ley General de Responsabilidades, el Cabildo no tiene ninguna facultad para hacerlo. En todo caso, si existiera alguna infracción, es la Contraloría Interna la que tiene el deber de hacer una investigación y en su caso promover alguna responsabilidad”, explicaron.
Además, coincidieron, que lo anterior “revela un notorio desconocimiento e incumplimiento a las obligaciones que la Ley General de Responsabilidades impone a todos los servidores públicos, como lo es, por ejemplo, el de conocer sus facultades, porque recordemos que todas las autoridades deben respetar la legalidad, lo que en este caso fue atropellado en nuestro perjuicio”.
Por todo ello, presentaron al Congreso local una solicitud de juicio político y de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Ayometla, petición que fue respaldada solidariamente por regidores de otros ayuntamientos.
