Redacción
El Gobierno del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y representantes de diferentes medios de comunicación atestiguaron la puesta en marcha de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y conocieron las nuevas instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
En el acto protocolario, las autoridades estatales enfatizaron que ambas dependencias son de importancia central para hacer frente a las problemáticas que por muchos años ocurrieron bajo el amparo del poder público.
Detallaron que, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Estado tiene la obligación de proteger a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor, además de promover y garantizar sus libertades individuales.
En ese sentido, se informó que actualmente 27 personas están sujetas al protocolo de protección para que puedan desempeñar sus actividades con total libertad y seguridad.
“El gobierno reafirma su compromiso de respeto a la libertad de expresión y el derecho a disentir, se trata de una tarea en la que estamos involucrando activamente a los gobiernos municipales al tratarse del nivel que más cercanía tiene con los ciudadanos (…) jamás permitiremos que se generalice la violencia en contra de este gremio, cuando se vulnera un periodista se lastima la libertad de expresión y a nuestra sociedad entera”.
La instancia operada por la Secretaría de Gobierno (Segob), trabajará de la mano con la Coordinación Ejecutiva Nacional para realizar en el ámbito de sus competencias las funciones previstas de la ley en la materia y deberá generar su andamiaje jurídico en un lapso de 120 días naturales.
Por otra parte, al referirse a la labor de la FECC se mencionó que, de acuerdo con cifras del INEGI del 2020, el 16 por ciento de la población en el estado ha sido víctima de corrupción, sin embargo, Tlaxcala es una de las entidades que menos denuncia este tipo de actos.
También mencionaron que hasta mediados del año pasado el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) presentó 80 denuncias por desvío de recursos públicos, sin que esos asuntos se judicializaran en su momento y 33 ayuntamientos tuvieron serias observaciones en su cuenta pública pero no hubo repercusiones.
De ahí que, el gobierno estatal decidió “fortalecer a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para investigar los hechos que puedan constituirse como delitos cometidos por servidores públicos al ejercer sus funciones (…) y endurecer las medidas en contra de quienes en incurran en este tipo de actos dentro de las instituciones”.
Con estas acciones, la administración estatal refrenda su compromiso de trabajar en apego a los lineamientos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con pleno respeto a la diversidad, a la pluralidad de ideas y opiniones para fortalecer el diálogo democrático en la entidad.
Las instalaciones de ambas dependencias están ubicadas en la calle 15 de la colonia La Loma Xicohténcatl en el municipio de Tlaxcala.
