Redacción/Congreso Federal
Extrabajadores del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, respaldados por el diputado Steve Esteban del Razo Montiel (Morena), llamaron al presidente municipal de esa demarcación, Juan Salvador Santos Cedillo, a reinstalarlos en sus puestos laborales, a más de un año de ser despedidos “ilegal e injustificadamente”.
En conferencia de prensa, el diputado federal por Tlaxcala exhortó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de ese estado y al presidente municipal a reconsiderar la situación del expersonal y encontrar una pronta solución al problema que afecta a 89 personas y sus familias.
“Hacerle la invitación al presidente Salvador Santos, de Huamantla, para que busque la manera de darle solución a cada uno de ellos, son 89 familias afectadas”, externó.
Del Razo Montiel apuntó que el reclamo emana de trabajadores del Sindicato “7 de mayo”, que en su mayoría son personas mayores y que consagraron su labor al ayuntamiento; y hoy han tenido que enfrentarse al desempleo, pues ya no son contratados por la edad.
Por su parte, Benito Hernández, en representación de la comitiva de extrabajadores, explicó que el despido surgió, primero, por diferencias entre el líder sindical, Édgar Tlapale Ramírez, y los trabajadores; posteriormente, porque en 2021, cuando se revisaba el nuevo convenio laboral se rompieron las negociaciones que el líder y el alcalde mantenían sin transparencia alguna.
“Las pláticas se rompieron, y Édgar Tlapale convoca una asamblea con toda la base trabajadora de Huamantla y nos hace creer que la mejor manera es emplazar a huelga al presidente municipal. La reacción del alcalde fue despedir a 89 trabajadores, ilegalmente, injustamente, porque no nos despidieron por malas prácticas, por flojos, por borrachos, nos despidieron porque él dice que sigue la austeridad republicana.
En ese sentido, los extrabajadores solicitaron a la Cámara de Diputados y a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, emitir exhortos al presidente municipal para resolver su situación.
Asimismo, pidieron al Congreso de Tlaxcala hacer una auditoría a los recursos que pertenecen al capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos, que era utilizado para pagar sus sueldos; “ese dinero no puede ser desviado ni aplicado en otras partidas”, finalizaron.
