De acuerdo con la Constitución, el Estado mexicano debe comprometerse a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, señaló
Redacción
La senadora Adriana Dávila Fernández solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar si el Estado mexicano ha sido omiso en su obligación de combatir la trata de personas, como lo establece el artículo 6to de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante el pleno del Senado, la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado señaló que el Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos “es deficiente, en particular, respecto a la evaluación de los resultados de la política pública”.
“Los datos presentados por la Comisión Intersecretarial constituyen una simulación, dada la diversidad de datos sobre un mismo tema, falta de pulcritud en su elaboración y evaluación; además, refleja falta de coordinación entre la Comisión y las instituciones integrantes de la misma”, señaló Dávila Fernández.
Estas omisiones, expuso, se traducen en el incumplimiento a las normas legales y obligaciones establecidas en la Ley General en materia de Trata de Personas, así como de los compromisos internaciones suscritos por nuestro país, lo que se deriva en violaciones a los deberes de protección a derechos humanos, previstos en normas constitucionales.
Las deficiencias del informe, añadió, dificultan el acceso a información clara y la rendición de cuentas, que permitan un combate eficiente al delito de trata de personas.
Dávila Fernández indicó que, de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, el Estado mexicano está comprometido a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en ella, así como en los tratados internacionales de los que sea parte, y prevenir las posibles violaciones a estos.
Por lo anterior, agregó, en caso de la vulneración de alguno de esos derechos, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Recordó que el artículo 6to de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, así como la trata de personas, pues estas estarán prohibidas en todas sus formas.
La legisladora por Tlaxcala refirió que el pasado 28 de junio de 2017 se hizo la “Presentación del análisis y evaluación del informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.
La presentación tuvo como objetivo “constatar la exacta observancia de la ley y la eficacia del desarrollo de la política pública en materia de trata de personas, para en su caso, exhortar a las autoridades responsables su cumplimiento o reorientación de las políticas, acciones y programas implementados”.
