Por José Orlando Isidro Ramos
Dirigente Estatal del Movimiento Antorchista en Tlaxcala
Según el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de precios de la vivienda en México, el precio promedio de una vivienda media fue de 1 millón 324 mil pesos, para el primer trimestre de 2021. Registra, también, que para el segundo trimestre del mismo año los precios de la vivienda incrementó 7.8 por ciento a nivel nacional, mientras que para la Zona Puebla-Tlaxcala incrementó 8.6 por ciento; es de suponer que para finales del año la tendencia de encarecimiento se mantuvo. Un trabajador con salario mínimo ($141.7 MXP en 2021) obtuvo un ingreso anual aproximado a los 45 mil pesos, por lo que adquirir una vivienda “económico-social” de un costo aproximado a los 529 mil pesos le significaría destinar la totalidad de sus ingresos durante casi 12 años de su vida laboral, pero como esto no es posible está obligado a buscar un crédito por lo que incrementa el costo total, y claro, para acceder a tal crédito debe garantizar ingresos fijos y un trabajo estable. Esta es la razón por la que muchos trabajadores se pasan toda su vida, literal, pagando una casa de interés social con condiciones mínimas para vivir, y es la misma por la que miles de familias no pueden acceder a una vivienda.
Y las perspectivas para este año no son nada alentadoras: “si las tasas llegan a 9.5 por ciento en el primer trimestre de 2022, el costo de comprar una casa de 2 millones sería de 20 mil 884 pesos de pago mensual de hipoteca, con un importe total de 3 millones 759 mil 209 pesos y 1 millón 759 mil 209 pesos de intereses” (El Financiero. 23 de diciembre de 2021). Aunque el salario mínimo aumentó 22 por ciento para este año (a $172.87 MXP) y aún ganando dos o tres salarios mínimos, el pago mensual y el crédito están totalmente fuera de la capacidad de pago de la mayoría de trabajadores que requieren una vivienda. Lo mismo sucede con los costos de construcción o ampliación: “materiales de la construcción han registrado un aumento histórico de hasta el 40 por ciento del costo en el país por la crisis sanitaria. En el caso de la varilla el alza fue de 50 por ciento en tan solo un semestre, mientras que el precio del acero se llegó a incrementar hasta un 160 por ciento a nivel internacional” (Ibíd. El Financiero). Es pues, inaccesible la vivienda para trabajadores con uno o dos salarios mínimos o que laboran en condiciones de informalidad.
El problema no se reduce a la necesidad de un espacio edificado con condiciones para ser habitado, tiene otras implicaciones de carácter económico, político y social. La Organización de las Naciones Unidas considera que “el acceso a una vivienda adecuada puede ser la condición previa para el disfrute de varios derechos humanos, en particular en la esfera del trabajo, la salud, la seguridad social, el voto, la privacidad y la educación… (Y que) el derecho a la vivienda está en mayor peligro para las personas a las que se niega el derecho a la educación, el trabajo o la seguridad social” (El derecho a una vivienda adecuada. ONU HABITAT. Folleto informativo Nº 21/Rev.1 Pp. 10). Pero no sólo es la vivienda, implica también un entorno de condiciones que permitan el acceso a servicios públicos que dignifiquen la vida de sus habitantes: “el derecho a una vivienda adecuada no significa solamente que la estructura de la casa debe ser adecuada. Debe haber también un acceso sostenible y no discriminatorio a los servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Por ejemplo, debe existir el acceso al agua potable, a la energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, a los medios de almacenar alimentos y de eliminar desechos, al desagüe de los terrenos y a los servicios de emergencia” (Ibíd. Pp. 9).
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, señala entre sus párrafos el artículo 4º Constitucional y con ello establece la responsabilidad de los diferentes ordenes de gobierno para resolver esta necesidad social, sin embargo, éste derecho es letra muerta ya que los esfuerzos o alcances realizados por las autoridades gubernamentales, de antes y de ahora, de uno u otro partido, han sido menos que mínimos. Ante la omisión de los Gobiernos, la ONU promueve la observación y respeto al derecho a una vivienda digna por lo que dice que “los Estados deben realizar sin demora todos los esfuerzos y adoptar todas las medidas posibles, dentro de los recursos de que disponen, para llevar a la práctica el derecho a una vivienda adecuada. No obstante las limitaciones de recursos, algunas obligaciones tienen efecto inmediato, como la de garantizar el derecho a una vivienda adecuada en condiciones no discriminatorias y de igualdad, elaborar legislación y planes de acción específicos, prevenir los desalojos forzosos y garantizar cierto grado de seguridad de tenencia para todos” (Ibíd. pp. 7).
En México se ensaya una dictadura ejercida por el titular del poder ejecutivo y desde su púlpito conculca las Garantías Constitucionales del pueblo mexicano, afectando con ello el legítimo derecho de una vivienda para los sectores más marginados y empobrecidos. Al respecto la ONU señala: “cuando los derechos a la libertad de expresión, reunión o asociación no son respetados, se reduce considerablemente la posibilidad de que los individuos y las comunidades puedan propugnar mejores condiciones de vida. Los defensores de los derechos humanos que trabajan para proteger el derecho de los individuos y las comunidades a una vivienda adecuada son a veces objeto de violencia, detenciones arbitrarias y encarcelamientos arbitrarios y prolongados” (Ibíd. Pp.10). Recuérdense las calumnias contra las organizaciones, la persecución de líderes sociales, los ataques a la libertad de expresión de periodistas, intelectuales y políticos críticos de la 4T y la cerrazón de López Obrador a destinar recursos a problemas muy graves y sentidos de los mexicanos como por ejemplo a las víctimas por las catástrofes meteorológicas o apoyos diversos para contener los males de la pandemia.
Las malas condiciones de trabajo y bajos salarios imposibilitan el acceso a una vivienda a miles de familias mexicanas, pero no se debe de olvidar que es un derecho constitucional y que se hará efectivo en la medida en que quienes sufren esta necesidad se organicen y exijan a los diferentes niveles de gobierno que cumplan con su responsabilidad de crear las condiciones legales y económicas para que los sectores más vulnerables tengan una vivienda provista de buenos servicios públicos.
En el Movimiento Antorchista hemos constatado que adquirir un terreno a bajo costo, con facilidades de pago, solicitar subsidios para la construcción de un hogar y trabajar hasta proveerlo de todos los servicios, no es una tarea fácil pero es posible, por eso no hemos dejado de llamar a todos los que carecen de vivienda o sufren precariedad para edificarla, que se organicen y trabajen con Antorcha para alcanzar mejores condiciones de vida. Con Antorcha hay una alternativa para superar la vulnerabilidad social, pese a un mal gobierno, tomarla es decisión de todo aquel que padece algún grado de pobreza y que desee superar esa condición, en su participación activa está la posibilidad de transformar su desafortunada realidad.
