Raymundo Vázquez Conchas
Diputado Federal Electo del Segundo Distrito Electoral Federal
A unas semanas de iniciar de lleno con el análisis de las reformas al Poder Judicial que impactarán más adelante en los estados y cuyo objetivo, es generar ahorros importantes a la hacienda pública para redirigirlos a programas que impacten en la vida diaria de la población, sería necesario analizar la prudencia de también entrar de lleno a la discusión sobre la desaparición de aquellos organismos autónomos que, lejos de ser unos verdaderos árbitros en temas controversiales, se han convertido en cotos o parcelas de poder de varios grupos políticos.
Se trata nuevamente de una iniciativa planteada por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su administración puso sobre la mesa de discusión la posibilidad de desaparecer dichos organismos que, a lo largo de su existencia, han demostrado que no cumplieron con el papel para el que fueron creados, por el contrario, se convirtieron en simples agencias de colocación para los recomendados de partidos y grupos de poder.
Por ello, a unas semanas de iniciar con la discusión de la Reforma Judicial, considero prudente también incluir dentro de este análisis la desaparición de dichos organismos autónomos que, hoy en día, solo representan una fuerte carga económica para las finanzas de la nación.
Para iniciar, es importante aclarar que la propuesta de desaparecer a estos organismos autónomos no es tácita, pues la intención, tiene que ver con delegar sus facultades y funciones a dependencias ya existentes, las cuales, de acuerdo a sus responsabilidades en ocasiones ya realizan todas esas tareas, por lo que otros de los objetivos, es evitar duplicar funciones y, por ende, un gasto innecesario que se podría destinar a otras áreas.
De acuerdo con el planteamiento del presidente de México, se trata de la extinción de siete organismos constitucionales autónomos que permitirían generar ahorros importantes para el país y los cuales no responden a los intereses del pueblo.
Entre estos se encuentran transferir las competencias y facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a la Secretaría de Economía; las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); las del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría de la Función Pública, en lo que respecta a la administración pública federal; pero también el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia.
También se encuentra el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que pasaría a formar parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y de los órganos reguladores coordinados en materia energética como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ambos serían parte de la Secretaría de Energía; en tanto que el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) se trasladarían a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Y es que solo para tener una idea de que lo que se ahorraría el país con estas propuestas de reforma, es que desde su creación y hasta este año (prácticamente cinco años) a dichos organismos, materia de esta iniciativa, se les ha asignado la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos o para mayor claridad, dichos recursos equivaldrían a cinco millones 385 mil 591.03 pensiones bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores”.
Por lo que como podemos ver, el objetivo primordial de esta iniciativa, más que representar un ataque a la democracia, va encaminada a generar ahorros importantes que sean tangibles para la población, que sean las y los mexicanos quienes vean reflejados esos ahorros en sus bolsillos y evitar que se estén duplicando funciones que, la mayoría de las dependencias gubernamentales, ayuntamientos, Poderes y todo aquel ente público ya realiza desde su interior.
Resulta ocioso que al final de cuentas, algunos de estos organismos autónomos ya solo se dediquen a revisar que las dependencias hayan cumplido con sus obligaciones, como ejemplo, en materia de transparencia.
Pero lo más importante, es que como se especificó al inicio, dichos organismos no van a desaparecer, pues sus facultades y funciones pasarán a formar parte de entes que ya tienen también esa responsabilidad de vigilar que todos cumplan.
Si bien, a lo largo de las últimas dos décadas, la creación de estos organismos autónomos era algo urgente para regular la función de los gobiernos y evitar que cayeran en excesos, creo que ahora que la ciudadanía cada día es más participativa y vigila para exigir a sus autoridades el cumplimiento de sus demandas y la primera en exigir una atención inmediata a sus reclamos, las condiciones son otras.
Considero que el análisis de la Reforma Judicial que favorecerá en demasía al país y a las y los mexicanos, se trata de una transformación que debe ir acompañada de otras reformas importantes como la desaparición de aquellos organismos autónomos que solo representan una gran carga económica para el Estado.
