Nula la utilidad del IAIP
La Pluma más Rápida
Es una lástima que los pleitos personales de los comisionados sean el análisis del segundo informe del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP), ya que su utilidad o funcionamiento como organismo autónomo para garantizar el derecho humano que tiene toda persona para obtener información ha sido nula.
Bastaron unos cuantos meses para reventar la estabilidad del Instituto, que lejos de enaltecer la línea para promover la cultura de acceso a la información, sus enfrentamientos legaloides por la destitución o permanencia de la presidencia han sido los estelares de su trabajo.
Mientras los comisionados continúan con sus pugnas internas, el IAIP le ha quedado a deber mucho a una sociedad cada vez más crítica hacia sus gobernantes y a los entes públicos, pero sobre todo que exige transparencia y se enfrenta a solicitudes prolongadas con más preguntas que respuestas.
En el mensaje del informe, la presidenta Marlene Alonso Meneses denunció ser víctima de violación política de género, es decir, que de nada sirve el avance del empoderamiento de la mujer si en el ejercicio real no se cumple su función, pero tampoco debería ser esa bandera un escudo para eludir las responsabilidades como servidoras públicas.
Es una pena que durante ese espacio se haya tenido que ventilar más problemas que presumir los logros alcanzados durante este 2018 en el IAIP, el enfrentamiento entre David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín con la propio Alonso ha dejado mucho que desear ante la opinión pública.
Para muestra un botón, durante este 2018 se ejercieron 8.8 millones de pesos para el pago de prestaciones, 846 mil en suministros y 2.2 millones en servicios generales, mientras que se registraron 255 solicitudes de información y el 95 por ciento de ellas fue a través de la plataforma nacional de transparencia.
La falta de voluntad política entre los comisionados es tan visible que el Instituto no pinta mejoras en su funcionalidad interna, y el único que paga los platos rotos es el ciudadano común, que en principio encontraba en la IAIP un método certero de acceder a conocer información pública.
