Gerardo Santillán
El nuevo director de seguridad pública municipal de Apizaco, Víctor Alberto Cañas López, estaría impedido para desempeñar el cargo otorgado apenas este lunes, en virtud de que arrastra acusaciones de tortura y otros delitos cuando se desempeñó como funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Incluso, en su momento el entonces gobernador, Marco Mena Rodríguez, tuvo que pedir disculpas a la parte afectada por las arbitrariedades cometidas.
Pese a todo, el alcalde apizaquense, Pablo Badillo, nombró al nuevo funcionario municipal ante la salida de Raymundo Fragoso.
Todo tiene su origen en 2015, cuando la entonces procuradora Alicia Fragoso Sánchez, en el gobierno de Mariano González, detuvo a seis policías estatales por supuesto secuestro exprés.
Pasado el tiempo, los implicados pudieron probar su inocencia y que fueron torturados por elementos de la PGJE, entre ellos, Víctor Cañas, para declararse culpables.
Se trató de una acusación fabricada utilizada por el gobierno estatal como un “ejemplo” de lucha contra la corrupción en las corporaciones policiales, en este hecho, Víctor Alberto Cañas López, fue reconocido como uno de los torturadores, cuando se desempeñaba como policía de investigación. Fue hasta 2018, en el periodo de Marco Mena, que se ofreció una disculpa pública por los daños causados a los afectados
