Redacción
Durante la sesión de las comisiones unidas de Bienestar y Estudios Legislativos Primera, la Senadora por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó una crítica contundente contra el gobierno federal por la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), órgano encargado de medir la pobreza y evaluar la efectividad de los programas sociales.
La legisladora tlaxcalteca recordó su experiencia en la extinta Sedesol y destacó la relevancia que tuvo el CONEVAL durante años. “Morena está destruyendo y empobreciendo a México”, expresó al cuestionar el destino de los 9 mil 300 millones de pesos que, según el gobierno, se ahorrarán con la eliminación del organismo.
“No quieren que nadie les otorgue pruebas de lo que están haciendo mal”, afirmó, dirigiéndose también al pueblo de México y acusando a la actual administración de vivir en una “fantasía” mientras evade su responsabilidad tras casi siete años en el poder.
La Senadora priista también cuestionó la decisión de transferir las funciones del CONEVAL al INEGI, institución cuya naturaleza —recordó— es estadística y geográfica, no de evaluación social, pues esta última no mide cómo avanza o disminuye la pobreza ni la eficacia de los programas sociale, sugiriendo que se trata de una maniobra para eliminar la imparcialidad en la supervisión gubernamental.
En otro punto de su intervención, denunció que Morena ha empobrecido al país al cerrar empresas, ahuyentar inversiones y generar incertidumbre con propuestas como la reforma judicial. Afirmó que, si verdaderamente se tratara de eliminar duplicidades y dispendios, se debería revisar el gasto en proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, los cuales calificó de “ocurrencias”.
Finalmente, Ávalos lamentó que se usen los programas sociales como instrumentos electorales y no como herramientas de transformación real. Al concluir su participación, adelantó que su voto y el del PRI serían en contra de la propuesta, por considerar que debilita la rendición de cuentas y el combate a la pobreza en México, pues su compromiso con el país es a favor del desarrollo y crecimiento, no por un desmantelamiento institucional.
